El presidente Macri armó una "mesa política" para “evitar errores”
La decisión surgió tras los choques con los gobernadores; es para neutralizar medidas conflictivas; la integran Peña, Frigerio y Monzó, entre otros. Entre los principales fallos de los primeros 50 días de gobierno, se anotó como “el disparador” de este comité de crisis el inesperado y abusivo aumento por decreto de la coparticipación a la CABA.
Luego de una seguidilla de traspiés en los primeros 50 días de gestión, el presidente Mauricio Macri decidió armar, la semana pasada, una "mesa política" para discutir preventivamente la mejor manera de instrumentar y comunicar las decisiones y decretos más conflictivos.
Con esa
determinación, el Presidente busca evitar nuevos errores políticos que afecten
la imagen de su administración y comprometan la gobernabilidad en el Congreso
para la futura sanción de leyes.
El disparador de
este intento de "control de daños" fue la crisis de la Casa Rosada
con los gobernadores del PJ, que expresaron su rechazo al decreto 194/2016, de
hace dos semanas, que aumentó de 1,4 a 3,75% la coparticipación para la ciudad
de Buenos Aires.
Según pudo saber LA
NACIÓN, Macri tomó conciencia del riesgo de repetir estas desinteligencias y
comenzó a reunir a su mesa chica en la Casa Rosada, después del foro de Davos,
y en forma periódica. Participan de manera permanente el jefe de Gabinete, Marcos
Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara
de Diputados, Emilio Monzó. "Se busca un análisis preventivo para pulir
políticamente decisiones que puedan afectar la relación con los gobernadores,
sindicatos, partidos de la oposición o que impacten en las encuestas",
confió un ministro.
También integran
esa mesa tres influyentes funcionarios: los secretarios de Gabinete, Gustavo
Lopetegui; de Coordinación Administrativa, Mario Quintana, y de Comunicación,
Jorge Grecco.
Existen otros
ministros que son participantes rotativos de esa "mesa política". Se
los convoca, según el tema de cada encuentro: entre otros asistieron Alfonso
Prat-Gay (Hacienda y Finanzas), Jorge Triaca (Trabajo), Juan José Aranguren
(Energía) y Fernando De Andreis (secretario general de la Presidencia). Si bien
Macri y Peña consideran que la gestión y la comunicación deben reemplazar a la
política, en los primeros dos meses de gobierno la mala praxis política desató
crisis con fuertes costos políticos.
Por el decreto
simple 83/2015, el 14 de diciembre último el Presidente designó en comisión a
dos nuevos miembros de la Corte Suprema y provocó el rechazo del peronismo y de
varios aliados de la UCR. Depende de ellos a fin de obtener el acuerdo para
esos jueces con dos tercios del Senado.
Dos semanas
después, por el DNU 267, el Poder Ejecutivo reformó por decreto las leyes de
medios audiovisuales y de telecomunicaciones y unificó la Afsca y la Aftic en
un solo organismo. Esto fue impugnado en la Justicia y seguirá su trámite en
Tribunales.
Hace dos semanas,
Macri decretó el aumento de la coparticipación a la Ciudad y despertó el
reclamo de las demás provincias. Por otra parte, en pleno enero, tras la triple
fuga del penal de General Alvear, la Casa Rosada anunció la recaptura de los
tres fugitivos y sólo se había detenido a uno. Todos esos conflictos tuvieron
alto voltaje y fuerte desgaste.
En medio de ello,
el Poder Ejecutivo anuncia todos los días despidos de empleados contratados y
desencadenó un conflicto gremial con ATE, que denunció que no todos son
"ñoquis" y prepara medidas de fuerza.
"Está bien la
imagen de reconocer los errores y enmendarlos. Pero no se puede hacer todos los
días", señaló a LA NACIÓN un funcionario autocrítico. Otro allegado a un miembro
de esa mesa política agregó: "No podemos cometer más errores. Hay que
ajustar los mecanismos. En marzo necesitamos sacar leyes clave en el Congreso y
no podemos perder apoyos por estas cosas". Los encargados de construir
mayorías parlamentarias son Frigerio y Monzó, mediante la relación con los
gobernadores, los partidos políticos y los bloques parlamentarios, en especial
el PJ.
Entre los primeros
conflictos que se resolvieron sobresalió el de los gobernadores del PJ, que
reclaman la devolución del 15% de coparticipación que retiene la Nación para la
Anses desde 1992. Se definió allí la estrategia para negociar con los caudillos
en la reunión del miércoles último: el Gobierno llevó la propuesta de ponerse
al día con las deudas por obras públicas, abrió una discusión por el flujo de
recursos y dictará un decreto correctivo del 194/2016, que consistirá en
aplicar el aumento a la Ciudad de 14.500 millones de pesos estrictamente al
traspaso de la Policía Federal.
También se analizó
en esas reuniones la agenda que inquieta a la Casa Rosada por el impacto de la
inflación en el bolsillo de la gente y en el humor social. Se estudió la manera
de presentar el aumento de 500% en las tarifas de energía eléctrica, anunciado
anteayer; las negociaciones con los sindicatos para las próximas paritarias por
aumentos salariales, y el futuro del programa Fútbol para Todos, que
transferirá un tope de recursos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a
los clubes.
En esas
deliberaciones se decide la agenda de los temas instalados y los que el
Gobierno quiere instalar a futuro: quiénes son los voceros en cada anuncio, qué
y cómo lo dirán, los posibles aliados y la búsqueda de respaldos.
Un fuerte temor en
el ala política del Gobierno, que integran Frigerio y Monzó, radica en que la
seguidilla de "errores no forzados" dañe la relación con los sectores
moderados del peronismo en el Congreso, a los que Macri necesita seducir para
sancionar un paquete de leyes clave para la economía. O que, incluso, unifique
a esos diputados del PJ dialoguista con los más duros del kirchnerismo, como
ocurrió con los decretos de la Corte y de la Ciudad de Buenos Aires.
En marzo próximo,
la Casa Rosada intentará aprobar las llamadas leyes cerrojo y de pago soberano,
para destrabar las negociaciones con los holdouts en Nueva York, y buscará el
acuerdo para los dos jueces de la Corte Suprema, la ratificación parlamentaria
de los decretos y de otras leyes, como la del arrepentido, el acceso a la
información pública y la reforma electoral.
Una agenda cargada de desafíos
1. Paritarias salariales
Los sindicatos
pretenden aumentos salariales por sobre el 30% en función de la inflación
proyectada por los aumentos de diciembre y enero. El titular de la CGT
Azopardo, Hugo Moyano, puso ese piso mientras la CTA de Pablo Micheli habla de
un mínimo de 35%. En el Gobierno existe preocupación porque las metas de
inflación serán de entre 20 y 25%
2. El bolsillo
Para compensar las
malas noticias por la inflación y suba de tarifas, el Gobierno podría apurar
algunos anuncios positivos para las próximas semanas: una nueva ley de rebaja
al impuesto a las ganancias, la eliminación del IVA para los alimentos; la
ampliación de la Asignación Universal por Hijo para los monotributistas y el
aumento semestral por ley para los jubilados
3. Temario legislativo
En marzo, la Casa
Rosada deberá buscar consenso parlamentario para aprobar en el Congreso las
llamadas leyes cerrojo y de pago soberano, para destrabar las negociaciones con
los holdouts en Nueva York; también buscará el acuerdo para los dos jueces de
la Corte Suprema, la ratificación parlamentaria de los DNU y de otras leyes
como la del arrepentido, el acceso a la información pública y la reforma
electoral
4. Los despedidos
El Gobierno
despidió cientos de empleados públicos contratados. Según ATE totalizan 7800 y
asegura que no todos son ñoquis. En la Casa Rosada indican que se les dejó de
renovar el contrato a quienes no cumplían funciones, pero aún no hay una
explicación del contexto en que fueron desafectados
5. Los gobernadores
Tras el decreto 194/2016, reclamaron la devolución del 15% de la coparticipación que la Nacion le retiene a las provincias desde 1992. La Casa Rosada negociará la manera de compensarlas, le devolverá fondos por obras públicas y planes sociales. Y deberá corregir el decreto de aumento de coparticipación a la Ciudad para pagar la Policía Federal.
Fuente: Diario "La Nación".