Procurarán controlar el uso de los vehículos oficiales

En el pedido -que data del mes de julio pasado-, el senador solicita disponer de un estricto cumplimiento por parte de los organismos del Estado de lo establecido en el artículo 3 del decreto Nº 434 sobre Reglamento para el Uso de los Vehículos Oficiales.

Al fundamentar el pedido, Agüero hizo hincapié en la necesidad de contar con información certera debido al notable aumento de la flota de automotores, que –enfatizó-, “obliga al estricto cumplimiento de la norma que determina que los mismos deben estar identificados en lugar exterior de su carrocería con la inscripción de Gobierno de Catamarca- Uso Oficial Exclusivo- nombre de la repartición y número de legajo”.

Vale recordar que la ley 4717 determina con toda precisión el uso y cuidado que se debe hacer del patrimonio público y prohíbe el uso de cualquier automotor del Estado sin la correspondiente afectación  a una Comisión de Servicio. “La utilización de éstos que contraríe el objeto de la norma hará pasible al usuario y su responsable de penalidades administrativas”, afirma la ley.

Al mismo tiempo, impide “el traslado de personal y vehículos a domicilios particulares, debiendo depositarse los automotores de cualquier tipo y calidad en los parques de automotores destinados al efecto en cada repartición. Quedan exceptuados de esta norma los funcionarios superiores del Gobierno” se expresa en el texto legal.

Haciendo un poco de historia, es factible asegurar que esta disposición tuvo su origen en el año 1958 bajo la presidencia del doctor Arturo Frondizzi. Los automotores propiedad de la Nación debían exhibir un cartel en sus puertas delanteras con el escudo nacional y un texto corto: “USO OFICIAL EXCLUSIVO”.

No viene al caso mencionar la cantidad de artimañas que utilizaron muchos funcionarios para seguir utilizando el “auto oficial” y pasar inadvertidos. Era una costumbre muy arraigada entre los jefes movilizarse en el auto oficial con chofer.

Si bien la disposición tuvo carácter nacional, la mayoría de los gobiernos provinciales adhirieron a la medida la cual, con “efecto dominó” terminó afectando  a muchos municipios. Eran tiempos en los que podía quedar medio flojo no ser frondizista.

Con relación a la iniciativa del senador Agüero, nos parece oportuno formular un par de consideraciones entre las cuales destacamos el elevado número de camionetas 4x4 que integran el parque automotor de nuestra provincia.

Es poco probable que la mayoría de esos vehículos transite una huella o trocha minera o un terreno escarpado. Es más, muchos usuarios ignoran el procedimiento requerido para a utilizar la tracción en las cuatro ruedas. Ello obedece en gran medida a la falta de lectura de las  instrucciones contenidas en los manuales.

Por la misma causa, desconocen los motivos por los cuales en el panel de instrumentos hay un cuenta revoluciones al lado del velocímetro. El término “torque” no es conocido igual que su utilización correcta al conducir el vehículo.

Si se observan estas camionetas circulando en las calles y rutas a toda hora incluso los fines de semana y feriados, llegaremos a la conclusión de que en el fondo, hay una dosis de tilinguería por parte de sus ocupantes. En ciertos lugares se exhiben impúdicamente. Salvo aquellos que se ocultan detrás de vidrios polarizados anti-reglamentarios. Que son mayoría.

Las facilidades que existen por parte de los organismos estatales para comprar automotores se han transformado poco menos que en una mala costumbre a partir de que la mayoría de las camionetas en uso no tienen razón de ser. Sin ninguna dificultad, podrían haber adquirido autos comunes para prestar un servicio de simple transporte personal.

Sería muy conveniente que las autoridades (en retirada) en forma conjunta con futuros funcionarios, realicen un prolijo inventario destinado a conocer pormenorizadamente el número de vehículos que posee la provincia y su actual estado de uso y conservación.

Es muy probable que de hacerse un inventario como el sugerido, aparecería situaciones más que sorprendentes representadas por vehículos deteriorados, parcial o totalmente abandonados o depositados en talleres mecánicos por las más diversas causas.

El gobierno brizuelista (en retirada) hizo varias compras de vehículos para la policía y otros organismos estatales pero nunca se informó sobre el destino de decenas de móviles policiales dados de baja o rematados en pública subasta.

Esta situación permite suponer que en alguna parte existen -amontonados-, muchos automotores que alguna vez prestaron servicio tanto en la policía como en otras reparticiones. ¿Qué destino piensan darle a esos automotores?

Otra cuestión que se puede prestar a dudas es la que tiene que ver con los seguros que, obligadamente, deben cubrir todos automotores de la provincia sin excepciones de ninguna naturaleza. ¿Todos los vehículos cuentan con el respectivo seguro? Nos parece que es un dato digno de ser conocido.

Lo cierto es que la ponencia del senador Agüero tiene todo el aspecto de eso que denominan “meter el dedo en la llaga”. Pero aunque duela es menester hurgar hasta lo más profundo para que, de una vez por todas, se sepa en qué terreno estamos parados en lo tocante a vehículos oficiales.