Provincias no manejarían fondos para viviendas
Los gobernadores seguirán definiendo los proyectos junto con el Ministerio del Interior, pero la Nación les pagará directamente a los contratistas. El cambio se hará después de las elecciones.
Según el diario La Nación, el Gobierno prepara un cambio en la forma de pago de las
viviendas sociales en las provincias. Fuentes oficiales revelaron que el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, a cargo de Rogelio
Frigerio, pondrá en marcha en los próximos meses un mecanismo que contempla la
cancelación de pagos a los contratistas de las obras de manera directa por
parte del Estado, sin la necesidad de pasar por las provincias.
De este modo, la Casa Rosada dio un fuerte golpe de timón,
no sólo en términos económicos, sino también políticos, ya que dejará a los
gobernadores sin el control de uno de los presupuestos más jugosos del Tesoro,
que este año rondará los $ 19.000 millones.
Precisamente, para amortiguar ese impacto, el cambio se
haría después de las elecciones de octubre.
Hasta ahora, los institutos provinciales de la vivienda,
bajo el control de las gobernaciones, definen junto con el Ministerio del
Interior los proyectos a realizar en cada uno de los distritos. En algunos
casos también tienen una participación importante los municipios.
Hace tres semanas una comitiva de la Cámara Argentina de la
Construcción (CAC) se reunió con colaboradores de Frigerio y les extendió una
propuesta informal, sin membrete de la entidad. El documento está bajo estudio,
si bien la decisión política de avanzar en esa línea ya había sido tomada.
Para los empresarios también es un avance importante, ya que
no sólo acorta los tiempos entre que se extiende un certificado de avance de
obra y la constructora recibe el dinero, sino que también evita gestiones con
las provincias para allanar el cobro.
El Gobierno avanzará con la medida en los próximos meses,
pero no la aplicará antes de las elecciones, posiblemente para evitar un choque
adicional con los gobernadores antes de ir a las urnas.
Tanto las empresas como los funcionarios nacionales
comenzaron a afinar un discurso para usar de escudo ante eventuales críticas:
el mecanismo de pago sin intermediación de las provincias ya funciona en el
caso de las obras hídricas.