Proyecto de ley busca que se consulte a los pueblos indígenas antes de iniciar obras o explotar recursos
Estas consultas se harán con las instituciones o las autoridades representativas de las comunidades indígenas en sus lugares de residencia y tendrán la finalidad de conseguir el consentimiento previo, libre e informado o llegar a acuerdos alternativos en temas que afecten sus derechos.
Los diputados Silvana Carrizo y Alejandro Páez (UCR) presentaron un proyecto titulado “Consulta, previa, libre e informada a las comunidades indígenas de Catamarca”
Según expresa el proyecto, esta ley tiene por objeto garantizar, tal como su nombre lo indica, los derechos a consulta previa, libre e informada y participación de los pueblos indígenas y en todo el territorio provincial.
En este sentido, los legisladores radicales expresaron que la iniciativa nace por un pedido puntual que realizaron las comunidades indígenas de Andalgalá al bloque de diputados de la Unión Cívica Radical cuando visitaron dicho departamento semanas atrás.
De aprobarse esta ley las comunidades indígenas y aquellos descendientes que se identifiquen como pertenecientes a la cultura de la etnia de sus ancestros, como así también las asociaciones civiles tendrán derecho a la consulta sobre todo procedimiento del Estado Nacional o Provincial o de empresas privadas concesionarias, permisionarias o licenciatarias del Estado que puedan afectar directa o indirectamente sus derechos.
Dentro de los temas el proyecto de ley incluye, entre otros, la ejecución de obra pública que afecte sus tierras y territorios o los recursos naturales existentes en ellos; el otorgamiento de concesiones y permisos para la exploración, uso, aprovechamiento o explotación de recursos, ubicados en sus tierras, territorios y localidades; iniciativas o reformas legislativas que afecten o puedan afectar los derechos a la libre determinación y autonomía, al desarrollo humano de los pueblos y comunidades indígenas y a su descendencia actualmente residente en ellos.
En cuanto a los fundamentos de esta iniciativa, los diputados plantean que el derecho de las comunidades indígenas goza de protección y reconocimiento, lo que está estipulado en el Convenio 169 de la OIT y también en la Constitución Nacional. “Si bien esta reglamentación ya cuenta con varias décadas, no es un dato menor que en la realidad, son los últimos en ser escuchados en lo que a sus derecho se refiere, la integridad de su territorio, así como la no interferencia en el mismo, o incluso la garantía de uno nuevo, no son contempladas” expresan los argumentos.
Además, señalan que esta situación que se extiende a lo que hace a políticas públicas y decisiones económicas. “Este proyecto busca establecer de manera clara el rol del Estado provincial, la obligación del mismo de consultar e informar sobre aquellas decisiones que van a afectar su modo de vida y la integridad de sus derechos” sostienen los diputados.
Por otro lado, hace referencia a la existencia de comunidades indígenas reconocidas que conservan su idiosincrasia, valores que muchas veces son olvidadas en el supuesto y pretendido camino del progreso. “Catamarca tiene una deuda histórica con estas comunidades, a esta altura del siglo XXI tenemos el total conocimiento de comunidades que carecen de los servicios básicos, agua potable, salud, educación, caminos de acceso, vías de comunicación, haciendo que la idea de RESPETO Y RESPALDO sea cada vez más dudosa”, afirman.