Proyecto para terminar con la venta de niños
Los senadores Nacionales del Frente Cívico y Social, Blanca Monllau y Oscar Castillo, presentaron un proyecto de Ley con el objeto de penar la compra-venta de menores de 18 años para adopciones ilegales.
Según los legisladores, la iniciativa viene a llenar un vacío legal, puesto que actualmente en el Código Penal Argentino no existe una figura que pene directamente la venta de niños, con el objeto de ser insertados en un núcleo familiar adoptivo, sin la intervención de las instituciones correspondientes.
“El Estado Nacional se encuentra incumpliendo obligaciones internacionales asumidas, respecto de incorporar —en su legislación penal— la prohibición de la venta de niños y las sanciones que penen estas conductas delictivas”, afirman los representantes catamarqueños en los fundamentos del proyecto.
Blanca Monllau consideró que —de sancionarse la ley— “se estaría dando respuesta a los requerimientos de los foros y las cortes internacionales; pero, por sobre todo, se estaría avanzando en marcos legales que combatan la venta de niños, actividad delictiva que está muy cercana a flagelos como la trata y tráfico de personas; la venta de niños para la prostitución, el trabajo y la pornografía infantil, y la venta de órganos”.
El proyecto contempla penas de tres a ocho años de prisión o reclusión para quienes compren, vendan, den o reciban cualquier retribución por entregar o recibir un menor de 18 años, para ser insertado ilegalmente en una familia adoptiva.
La misma pena le cabe a la persona que oficie como intermediario, pero se agrava (de cinco a quince años) cuando este nexo opera en redes organizadas o ejerza “fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad social, económica o psicológica”.
Las condenas también se agravan si él o los intermediarios son funcionarios públicos, profesionales de la salud o ministros de cultos reconocidos o no.
Finalmente los senadores catamarqueños consideraron que este tipo de delitos “despoja a un chico de su condición esencial de ser humano, por lo que se constituye en una conducta merecedora del máximo reproche que el Estado puede imponer y debe estar incluida como delito en el Código Penal Argentino”.