¿Qué se esconde en el centro de formación profesional de Santa María?

Carta al gobernador:

Los que suscriben, docentes, administrativos y demás personal del Centro de Formación Profesional Nº 2, de la Ciudad de Santa María, nuevamente se dirigen a usted para manifestarle la tremenda desilusión  e impotencia que nos acucia, por la falta de resolución o interés en lo que hace al Expediente. Nº 8791/2003, iniciado en contra de quienes se desempeñaban como Director y Coordinador de Formación Laboral del Centro mencionado. El mismo se inicia por la denuncia de una serie de irregularidades que atentan contra el Estado y de los intereses de todos y cada uno de los integrantes de la Institución.

Sr. Gobernador: ¿Cómo es posible que habiendo el expediente pasado por todas las instancias investigativas o sumariales, incluidos el despacho del Sr. Ministro, y a ocho años de su inicio hoy se encontraría aún en su escritorio para la firma?. Y lo más grave es que las conclusiones de quienes tuvieron en sus manos las actuaciones, el estudio del  mismo serían coincidentes en la calificación que se desprende de los hechos demostrados. Tal vez sería verdad lo que los mismos acusados se estarían encargando de difundir: “Tenemos quién nos saque limpios”.

Ayer, uno de los acusados fue a amenazar, en su lugar de trabajo, a un conductor de un programa de radio local, que dio lectura a una carta publicada en un diario digital, enviada por los presentantes.

¿Es justo, Sr. Gobernador, que los que tienen claro que educar es formar personas útiles a la sociedad, responsables, respetuosas, honestas, “honradas”, etc., deban soportar agresiones verbales , atropellos con vehículos, de los que no sólo tendrían que estar separados de sus cargos sin recibir remuneración, sino detrás de las rejas?, ¿Cuál es el ejemplo que se da a los alumnos?, ¿con hechos que son deplorables y de dominio público?.

Sr. Gobernador: esto no es una cuestión de alcoba, es un problema muy grave ocurrido en el seno de un establecimiento educativo y del cuál, reiteran, tienen  conocimiento cabal los santamarianos y que, además, trascendió los límites provinciales.

Los recurrentes estarían en conocimiento de quién sería el “Padrino”, para demorar la causa nada más y nada menos que 8 AÑOS!!, y estarían a punto de hacerlo firmar a usted., Sr. Gobernador, una resolución favorable a ellos, o sea liberarlos de toda responsabilidad, o sea liberarlos de culpa y cargo.

Sr. Gobernador: Si eso sucediera con personajes de quienes el expediente habla a las claras, y que como corolario de sus conductas anduvieron poniendo huevos en todas las canastas para las elecciones próximas pasadas, no se hable más de educación, ética, valores, honradez, respeto por lo ajeno. Que se queden en la casa (sin sueldo, por supuesto...) los que atienden que la educación debe apuntar a la formación integra del ser humano; los que entienden que los padres les confían sus hijos, y también los alumnos mayores que se entregan a sus docentes para aprender y ser hombres de bien.

Que renuncien al propósito indelegable de formar hasta con el ejemplo, y que los que transgreden las normas que rigen la actividad docente, sigan al frente de las escuelas, entregando cada año, a una sociedad tranquila y profundamente religiosa, un puñado de egresados que vieron y se educaron en la trasgresión. Porque el que viola una ley, una norma, aunque no este escrita, delinque; y el que delinque se llama delincuente.

Finalmente, Sr. Gobernador, los recurrentes no quisieran ofender su investidura, pero este es el comienzo de una gran lucha por la Justicia, por la verdad; porque se educa con el ejemplo, enseñando que las normas se respetan y que no aceptan excepciones inventadas por amigotes que se pudieran ocupar de distorsionarlas, para convertir una Institución Educativa en un asilo de transgresores.