Radares en las rutas, un “curro”en vías de extinción

Aparecieron –los radares portátiles-, según nuestro Archivo, al promediar la década de los ’80. Fue en  la localidad de San Roque ubicada a orillas del lago de mismo nombre en la provincia de Córdoba. En donde desde hace un par de años se realizaba el “Cosquin Rock”. (Dato para los rockeros: la próxima edición se llevará acabo en el aeródromo de Santa María de Punilla).

Al radar que motiva estas líneas lo instalaron en un tramo recto de la Ruta Provincial E-55. A lo largo de unos tres kilómetros de buen pavimento que bordea el lago, los automotores circulaban cuando menos a 60 Kmh. Autos y camionetas superaban los 80/90 Kmh. Y no faltaron los que excedían esas velocidades.

Al principio el operador del radar y dos o tres inspectores municipales detenían  a los automovilistas, les explicaban el funcionamiento del artefacto y les mostraban en el pequeño monitor la imagen del frente de su vehículo, la chapa patente y la velocidad registrada.

Posteriormente, la detención significaba la confección de una multa por la infracción cometida y dos alternativas: pagar al contado en ese momento con el veinte por ciento de descuento o aguardar que le llegara la boleta a su domicilio y abonar en sede comunal. Sin descuento.

La mayoría de los infractores se avino a pagar, salvo algunos que cuestionaron el funcionamiento de estos aparatos y presentaron recursos de amparo.

Al cabo de un   tiempo en sede judicial hubo novedades: en virtud de que los automovilistas no  eran advertidos de la existencia del radar, su funcionamiento parecía una trampa y los supuestos infractores quedaban desobligados de pagar multa alguna.

En este medio tiempo surgieron ingeniosas muestras de la tradicional “viveza criolla”: un empresario de Cosquín dijo que circulando con las luces altas, el radar se bloqueaba y no registraba nada. Huelga decir que cuando se corrió la voz, todos pasaban delante del radar con las luces altas encendidas y no se detenían por más que lo indicaran los inspectores.

Otra “avivada” fue la de un comerciante que viajaba seguido a Buenos Aires y trajo varios juegos de chapas patente falsas, de las que se podían adquirir en el subsuelo de la Avenida 9 de Julio en la Capital Federal. Un tiempo después las cartas con la boleta retornaban con la leyenda; “Desconocido. Al Remitente”.

Cabe destacar que estos radares pertenecían a empresas presididas por estudios jurídicos con domicilio en la Capital Federal. Estas empresas celebraban convenios con los municipios a los que le reconocían –por lo general-,  el 30 o 40  por ciento de las utilidades pero las comunas no podían auditar a sus ocasionales socios: debían conformarse con lo que les liquidara mensualmente la empresa. En realidad estos convenios acusaban rasgos un tanto leoninos y se aprovechaban de la avidez recaudatoria de muchas comunas.

Hasta que la Dirección Nacional de Vialidad difundió los motivos legales por los cuales no se permite el funcionamiento de radares en todas las rutas nacionales, algo que, supuestamente, ignoraba el intendente de Huillapima.

Resulta un tanto llamativo que un  intendente como el Señor Santucho, que  convive obligadamente con la Ruta nacional 38, no supiera de la existencia de esas limitaciones. Fue necesario que el responsable de la DNV-Distrito Catamarca, ingeniero Rosales, saliera al cruce poniendo las cosas en su lugar. Diría el chusco: “Rosales le pinchó el globo a Santucho”.

Finalmente, cabe reiterar que no está permitido el funcionamiento de radares en las rutas nacionales, y que si alguien recibe una boleta lo más acertado será concurrir a la DNV, o a la Policía Federal o al Juzgado Federal. Obviamente, no pagar ninguna boleta.

Será la forma más efectiva de terminar con esta clase de actividades que rondan, a veces, lo inescrupuloso y fomentan la corrupción.