Ranking de regalías mineras por municipios

Las comunas recibieron los siguientes montos:

Andalgalá, $94.128.057

Belén, $42.295.002;

Aconquija, $26.301.903;

Santa María, $17.513.230;

Hualfín, $15.655.894;

Villa Vil, $14.836.971;

Antofagasta de la Sierra, $14.396.929;

San José, $14.332.134;

Londres, $12.175.469;

Capital, Ancasti, Fray Mamerto Esquiú, Paclín y Valle Viejo, todos con $8.803.976;

Corral Quemado, $8.683.000;

Pozo de Piedra, $8.610.742;

Puerta de Corral Quemado, $7.575.044;

Puerta de San José, $6.238.272;

El Alto, $5.282.385;

Tinogasta, $4.646.965;

Los Altos, $4.632.652;

Fiambalá, $4624.713;

San Fernando, $4.359.564;

Capayán, Huillapima, Icaño y Recreo, todos con $4.401.988;

Saujil, $4.204.706;

Santa Rosa, $4.171.324;

Pomán, $3.398.070;

Tapso, $3.521.590;

Los Varela, $3.078.750;

El Rodeo, $2.168.419;

La Puerta, $2.073.336;

Mutquín $1.668.902;

Las Juntas, $1.483.470.

Al analizar estos números, se puede distinguir claramente la diferencia que existe entre lo que perciben los departamentos que tienen actividad mineros de los que no la tienen. Es decir, el departamento Andalgalá, con tan solo dos poblaciones, obtuvo $120.429.960 por regalías mineras en cinco años. En igual período, el departamento Belén, conformado por nueve comunas, también recolectó otros $120.429.960.

La ley de inversiones mineras, a la que la Provincia adhirió en 1993, fija las reglas de juego para las empresas del sector y establece que las provincias podrán reclamar regalías por la explotación de sus recursos que no superen el 3% del valor boca mina.

En 1999 la Nación y en 2001 la Provincia fijaron por ley que a ese 3% se le podían deducir costos previos a la comercialización (transporte, seguros, trituración, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación).

Tras el ingreso de las partidas por regalías a las comunas, comenzaron a suscitarse los primeros inconvenientes por las rendiciones de cuentas. Es que, en medio de los periodos de crisis económicos por los que atravesó el país, los jefes comunales utilizaron estos fondos para el pago de sueldos, a proveedores y otros destinos prohibidos por la ley. Esto motivó que el Tribunal de Cuentas emitiera un dictamen prohibiendo el uso transitorio de las regalías que, según la ley 5.192, sólo pueden invertirse en "obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas".

Desde el año pasado, se reactivó una iniciativa para que las regalías mineras que percibe la Provincia vuelvan a ser del 3% “real” del valor boca mina y no, como viene sucediendo desde 2001, que de ese porcentaje se deducen los costos de producción y comercialización (menos la extracción).

El proyecto impulsado por la diputada Silvia Moreta, propone derogar la ley provincial Nº 5.031, por la cual la Provincia adhirió a la ley nacional 25.161, que vino a modificar la ley de inversiones mineras fijando las nuevas condiciones –desventajosas para las provincias- en cuanto a la deducción de costos de lo que se paga en concepto de regalías.

La ley de inversiones mineras –la 24.196- a la que la Provincia adhirió por ley 4.759 establece un régimen de incentivos para invertir en minería y que las provincias podrán percibir regalías por la extracción de sus recursos que no superen el 3% del “valor boca mina”.

La iniciativa que tiene el consenso de los diputados opositores –que son mayoría en la comisión de Minería- establece que al derogar la ley 5.031 quedaría vigente el régimen que habilitaría a la Provincia a volver a percibir el 3% real del valor boca mina, sin deducción alguna de costos; deducciones que por otro lado son presentadas a través de declaraciones juradas de las mismas empresas y que terminan dejando para la Provincia regalías de entre un 1,8 y un 2,3%.