Reclaman a Brizuela que derogue la caja complementaria del 82%
Distintas entidades que representan jubilados y algunos gremios manifestaron su oposición a la implementación del régimen previsional complementario, recientemente creado en ámbitos de la Administración Pública.
La Asociación de Profesionales de la Salud, los Autoconvocados de la Salud, el sindicato de los no docentes, los trabajadores del IPV y de la Administración de Juegos y Seguros y la Asociación de Jubilados Autoconvocados, le solicitaron ayer al gobernador Eduardo Brizuela del Moral, que derogue los Decretos 127 y 386 que crean y modifican respectivamente la caja complementaria del 82%.
Mediante una nota presentada en Casa de Gobierno, las distintas organizaciones invocan una serie de fundamentos por los cuales solicitan directamente la derogación del régimen, reservándose el inicio de acciones legales en caso de no tener una respuesta favorable a su planteo.
Se trata de los mismos gremios que ya habían solicitado que se prorrogue el plazo fijado para comenzar a efectuar los descuentos a los trabajadores que financiarán -con el 2% de sus haberes- el régimen. También habían pedido una audiencia con el Gobernador. Como no tuvieron respuesta a esos planteos, avanzaron en el pedido de derogación.
"El régimen que se pretende introducir resulta inconstitucional, ilegal, inviable, impracticable, falaz, compulsivo, contradictorio, excluyente, violatorio de los derechos constitucionales, civiles, laborales y previsionales de los trabajadores, a quienes -como sujetos de derecho- no se les dio la debida intervención y participación a través de quienes ejercemos su legítima representación", señala la nota de los gremios.
Entre los argumentos enumerados, señalan que "se crea un régimen por decreto, cuando ya está instituido por la ley 4094/84", por lo que, consideran "se trata de legislar sobre lo ya legislado".
Cuestionan, además, que la aplicación del nuevo régimen se encomienda "a un organismo con rango de dirección" y que se le otorgue a ese organismo la potestad de "dictar reglamentos a futuro, lo cual crea inseguridad jurídica".
Consideran al régimen violatorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional que otorga a la seguridad social el carácter de "integral e irrenunciable" por cuanto autoriza "renuncias al sistema".
También lo tildan de ilegal por cuanto "crea un financiamiento extra a los empleados públicos", porque pretende legislar hacia atrás y señalan que además su creación es "una clara demostración de que el convenio de transferencia (de la caja previsional provincial) no funciona ni ha funcionado nunca".