Reclamo santamariano “por muertes violentas impunes”
Los vecinos santamarianos volvieron manifestarse mediante volantes y expresiones a través de los diferentes medios de comunicación para expresar “la condena social” ante lo que consideran “más de 20 muertes violentas impunes”, cuya indefinición judicial adjudican “al mal desempeño del fiscal y del juez de garantía” de aquella jurisdicción.
Entre los casos irresueltos, mencionan las muertes de Matías Cruz, Wilson Pacheco, Claudio Fajaraldine, Félix Valoy Cruz, Ángel Rafael Costilla, Bernabé Flores, Pedro Armando Caliva, Anita Britan, Edgardo De Oliverda, Serapio Bellido, Mauricio Mille, Julio Escudero, Luciana Tarcaya, Cristina Montoya, “Cacho” Julio, Fany Escalante, Sara Esper y recientemente Daniel Mananí.
La comunidad santamariana reprocha que el fiscal y el juez de garantías “aplicaron el beneficio de la duda, es decir, hoy los asesinos de estas personas conviven con nosotros, muy sueltos de cuerpo”, recalcando que “la injusticia cometida a uno solo es una amenaza dirigida a todos, como advierte Montequiu”, y por lo tanto entienden que “debe ser causa de profunda preocupación de toda la sociedad santamariana”.
Después señalan que “existen también otras yerbas, como robos, violaciones, privación ilegitima de la libertad, demoras injustificadas, malos tratos, complicidades, cuatrerismo, violencia de género, extravíos de expedientes de empleados denunciados, combo de alquiler (casa del juez y otros y también el edificio de la justicia), juicios sucesorios truchos, el juez que anula a legítimos herederos y favorece a empleados judiciales, también cuando, después de la festichola por el día del abogado, cuando le cobran el alquiler del camping, responden apuntando con una pistola…”.
“Y cuando le reclaman se enfurece”, continúan, describiendo “aprietes a la familia Rivero y a otras, préstamos de dineros con escandalosos intereses, compra y venta de cosas robadas, traiciones y/o ‘tendida de cama’ caso defensor oficial...”, setenciando que “como ven, es el paraíso para delinquir deseado por cualquier malhechor...”.
Sin embargo, estiman que “aunque la calle lo conoce por datos de adentro, de arrepentidos que cuentan y hablan, no alcanza, pues hasta ahora nada cambió”.
El pronunciamiento alude a las recientes marchas y movilizaciones en reclamo de justicia llevados a cabo en Santa María: “Esos cuantos locos de las marchas, sin amparo oficial se animan y salen al encuentro de nosotros los santamarianos, invitándonos a que tomemos conciencia de lo mal que está actuando la justicia penal y de garantías desde hace ya varios años (1991), con juez de garantía y fiscal que desconocen lo elemental del derecho, como lo dijeran el fiscal de estado, las cámaras penales, los juzgados correccionales de Catamarca y los abogados locales”.
Y concluyen su proclama pidiendo al “gobierno provincial y municipal, a las cámaras de diputados y senadores, al Concejo Deliberante, Colegio de Abogados, Concejo de la Magistratura, Corte de Justicia, ¿qué esperan para actuar?”, advirtiendo que “no sean indolentes, o vamos a creer que son cómplices de lo que pasa en Santa María”.