Recomiendan a la Argentina ratificar el Convenio Marco de Control de Tabaco

Entre el 22 de octubre y el 5 de noviembre, las Naciones Unidas examinó el cumplimiento de Argentina respecto de los tratados internacionales de Derechos Humanos.

INFORMACION-GENERAL

En el marco de la 14 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizada en Ginebra (Suiza), la Argentina fue sometida a la Evaluación Periódica Universal (EPU), recibiendo la recomendación directa de ratificar el Convenio Marco de Control de Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a los fines de proteger adecuadamente el derecho a la salud frente a la epidemia del tabaquismo. La EPU es una instancia en la que se analiza integralmente el grado de cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos de los países integrantes de la ONU y en ese marco es que se resaltó la necesidad de ratificar el CMCT.

A comienzos de año, la FIC Argentina (Fundación Interamericana del Corazón) presentó, en conjunto con la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables - FUNDEPS y el Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown, un informe paralelo para hacer notar la necesidad de una adecuada respuesta a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENTs) en Argentina y que fue considerado por la ONU. Respecto del consumo de tabaco, este informe destaca la necesidad de avanzar con medidas efectivas en materia de tabaco como reglamentar e implementar adecuadamente en todo el país la ley nacional de control de tabaco N 26687 y ratificar el Convenio Marco de Control de Tabaco. Estas recomendaciones de la sociedad civil fueron incluidas en el informe preparado por el Alto Comisionado para los DDHH de la ONU y la ratificación del CMCT, primer tratado internacional de salud publica, fue señalado como una de las “deudas pendientes” del Estado Argentino en materia de protección de DDHH.

En Argentina, según la OMS, se producen 40.000 muertes al año por consumo de tabaco, mientras que si se aplicaran las políticas reconocidas en el CMCT se podrían salvar 16.000 vidas. La última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo desarrollada por el Ministerio de Salud de la Nación en y 2009, indica que el 30,1% de la población de entre 18 y 64 años fuma y el 40,4% está expuesto habitualmente al humo de tabaco ajeno. Esta exposición aumenta entre los jóvenes, que se ven afectados en un 78%.

Si bien la Argentina ha realizado avances en cuanto a la protección de la salud frente al tabaquismo, como lo fue la sanción de la ley 26.687 en Junio de 2011, aún esta pendiente su reglamentación e implementación adecuada y la ratificación del CMCT. Según Belén Ríos, asesora legal de FIC Argentina, “el reporte y los argumentos esbozados por la sociedad civil fueron tomados en cuenta por los países integrantes del examen quienes solicitaron fortalecer el marco regulatorio de la Argentina y aumentar la capacidad institucional del Estado”. Y agregó “es deber del Estado argentino implementar políticas de salud para la prevención de ENT para proteger a la sociedad, en particular a las poblaciones de mayor riesgo”.

Para la Dra. Verónica Schoj, Directora de la FIC Argentina, “es cierto que Argentina ha avanzado en la puesta en marcha de medidas como por ejemplo la sanción ley nacional de control de tabaco en 2011, sin embargo, el consumo de tabaco sigue siendo aun uno de los mas altos de Latinoamérica y es preciso profundizar las medidas para bajar el consumo de manera significativa y así reducir la morbimortalidad atribuible al tabaco, primer causa de muerte prematura y evitable en el país”.

“Es preciso el compromiso urgente del Estado argentino para la protección del derecho a la salud, enfrentando el lobby de poderosas corporaciones que obstaculizan las políticas de salud. El principal obstáculo para la implementación de las políticas sanitarias para reducir la epidemia de tabaco continúa siendo la interferencia de la industria tabacalera. El desafío en el corto y mediano plazo es que el Estado fortalezca su capacidad institucional para implementar las políticas sanitarias y enfrentar los intereses corporativos, a la vez que es imperioso fortalecer mecanismos de transparencia y participación ciudadana en el diseño e implementación de las políticas públicas”, sostuvo Schoj.

Enviado por: Griselda Alfaro

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