Recuperar la cultura del trabajo
Un grupo de personas se encuentran encadenadas frente a la Casa de Gobierno. Prometen (¿o amenazan?) permanecer en ese lugar “hasta que la gobernadora les de un puesto en la administración pública”.
De acuerdo a lo trascendido en reportajes efectuados medios radiales, el ministro Francisco Gordillo les habría ofrecido ubicación en una cooperativa con una asignación mensual de $ 1200 mensuales.
El rechazo, por parte de los encadenados -entre los cuales hay mujeres-, fue categórico: ese dinero no les alcanza y quieren “un puesto” en el gobierno con un sueldo “como el que tienen todos”. En cierta medida el categórico rechazo a una ubicación en una cooperativa dejó la impresión de que esa oferta, para esta gente, fue poco menos que una ofensa personal y motivo de indignación.
No vienen al caso ciertas consideraciones efectuadas por estas personas retrotrayendo en el tiempo a épocas electorales y a supuestas promesas de la actual gobernadora en el sentido de “ubicar a 25 personas en puestos del gobierno”.
Debe advertirse que estas personas no emplean el término “trabajo” cosa perfectamente explicable: ellos quieren “un puesto” en la administración pública.
Estas personas –sin proponérselo-, están mostrando a las claras que han perdido por completo la “cultura del trabajo” y consideran que es el Estado el gran dador de puestos. De paso, permiten advertir que hace mucho tiempo se perdió la costumbre de ganarse la vida trabajando con empeño y honestidad.
El sobredimensionamiento de las plantas de personal se han convertido en moneda corriente. En ciertos lugares el amontonamiento de personal supera las posibilidades de utilización racional del recurso humano y el edilicio: ya no queda lugar para ubicar personas con cierta practicidad y en condiciones de que desempeñen alguna tarea.
Por cierto, lo que denominamos “cultura del trabajo” es un valor singularmente complejo en el cual intervienen aspectos vinculados con la economía, las leyes laborales, la autoestima, la sensatez. la psicología y la educación entre otras cosas.
No otra cosa que una mala educación es la que caracteriza a la mayoría de los que exigen “un puesto en el gobierno”.
El puesto público se ha convertido en muchas provincias en una tradición. Los puestos pasan de padres a hijos. Se han vuelto “hereditarios”, como algunas enfermedades.
Y no hay que hacerse ilusiones: revertir un proceso de esta naturaleza no se logrará en el corto plazo. Demandará toda una generación colocada bajo técnicas educativas convenientemente elaboradas.
Por cierto, en la administración pública existen excelentes empleados que han asumido su empleo con “responsabilidad ciudadana”, conscientes de que son “servidores públicos” al servicio de la comunidad a la que pertenecen y que es, precisamente, la que les paga el sueldo. Con su experiencia y capacidad son los que –a veces-, le “sacan las castañas del fuego” a los flamantes funcionarios que asumen con motivo de los cambios de gobierno u ocasionales “movidas” motivadas por cuestiones políticas.
A menos de un mes de haber asumido como gobernadora, la Dra. Lucía Corpacci es objeto de presiones por parte de pequeños grupos de personas que consideran poseer “derechos adquiridos” en materia de empleo público. Exhibiendo una supuesta colaboración brindada a la hoy gobernadora durante la campaña electoral, se consideran legítimos acreedores a “un puesto en el gobierno igual al que tienen los otros”.
Tanto sus dichos como sus actitudes permiten sospechar que en un evidente estado de confusión, creen que la designación de funcionarios políticos por parte de la nueva conducción, debe forzosamente contemplar la situación personal de esta gente. De no ser así, la actitud “pro-Corpacci” evidenciada hasta ese momento, se volverá “anti-Corpacci” y motivo irremediable de frustraciones y enojos.
En ningún momento pasan por la cabeza de esta gente cuestiones tales como “idoneidad”, “capacidad”, o “preparación”. Para ocupar “un puesto” en el gobierno esas cosas no hacen falta. Todo se reduce a concurrir a una repartición, cumplir horario, no incomodar a los jefes y hacer notar en forma permanente, su condición de fervoroso “militante” y su apoyo incondicional a “la causa”. Y rogar para llegue el fin de mes para cobrar el sueldo.
Es éste –tal vez-, uno de los numerosos problemas que tendrá que afrontar la gobernadora en su gestión al frente del Poder Ejecutivo.
No sería raro que –de última- sea menester recurrir a un masivo proceso de reeducación ciudadana destinada a modificar conductas antisociales y convencer a la gente que, como fuente de trabajo, el gobierno es el menos indicado y suele ser insalubre.