Reforma Laboral: la CGT recusó a los jueces que repusieron la Ley

La Confederación General del Trabajo (CGT) recusó este lunes a los dos jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que la semana pasada rechazaron y dejaron sin efecto una cautelar contra la Ley de Reforma Laboral, y pidió la “nulidad absoluta” de ese fallo que repuso los 82 artículos que estaban suspendidos y no descartan recurrir a la Corte Suprema de Justicia.

La CGT, a través de una presentación de su abogado Pablo Topet, sostuvo que los jueces de la Sala, Víctor Pesino y María Dora González, “prejuzgaron” al dictar el fallo y pidieron la nulidad de la sentencia: “La resolución que se recurre carece de todo fundamento”.

Pesino y González dictaron el jueves pasado un fallo en el que volvieron a poner en vigencia la ley de reforma laboral que estaba suspendida por una medida cautelar. La causa llegó a la Cámara y que el tribunal le quitó a la apelación el efecto suspensivo, por lo que los artículos volvieron a tener vigencia. La cautelar sigue vigente y es lo que deberá resolver el tribunal.

Al día siguiente del fallo, el gobierno envió al Senado un pedido para que Pesino continúe como juez cinco años más ya que cumple 75, la edad máxima que permite la Constitución Nacional. La decisión generó críticas y puso la bajo la lupa el accionar del juez y del gobierno.

Por ese motivo, desde le entidad gremial recusaron a Pesino por “la inaceptable intervención del recusado en un expediente en el que podía (como sucedió) favorecer la posición de la demandada en un beneficio a todas luces mayúsculo como lo es continuar en el ejercicio de la función judicial por 5 años, constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva”, en relación con un pedido del Gobierno al Consejo de la Magistratura para que siga en el cargo más allá de los 75 años, medida que fue publicada en el Boletín Oficial.

“No menos descalificable es el proceder del Estado Nacional”, apuntaron desde la CGT que recordó que el Gobierno nacional aprobó en el Congreso la transferencia del fuero laboral y allí se estableció que no iba a enviar al Senado nuevos nombramientos de jueces de ese fuero.

Al respecto, expresa el texto legal que “esta inconsecuencia, no es un desvarío de la autoridad, ni una razón sin fundamento, es la razón desprovista de moral, es asociar beneficios mutuos, mientras la sociedad (que abrigaba expectativas de imparcialidad) asiste, sin mediaciones, a la demolición de la división de poderes y la credibilidad en el Estado de Derecho”.

Para la CGT una contraprestación semejante entre un juez y el Estado constituye “un cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo”. Además, cuestionaron a ambos jueces porque “han omitido fundar la decisión de manera razonable, distinto hubiera sido que indicasen que artículos consideraban debían ser ´aplicados´ y cuales ´cautelarmente convalidar que eran inaplicables´. Omisión y prejuzgamiento, confluyen en la descalificable sentencia, por lo que no se ha realizado y por haber adelantado criterio sobre el fondo de la cuestión debatida como pretensión”.

En tanto, señalaron que el fallo de Pesino y González “ha sido dictado por jueces comprendidos en causas legales de recusación, con clara ausencia de competencia para ello y sobre la base de evidentes y manifiestos yerros”.

La medida cautelar había suspendido 82 artículos de la ley que habían sido objetados por la CGT, que inició el amparo. Son artículos que regulan la Ley de Contrato de Trabajo, la libertad sindical, la reducción de montos indemnizatorios, el pago en cuotas de indemnizaciones, restricciones en el derecho a huelga, entre otros.

Todos estaban suspendidos a la espera de una decisión de fondo, que es el pedido de su inconstitucionalidad. La Cámara del Trabajo los repuso mientras sigue la causa judicial. Por ese motivo, desde la entidad gremial pidieron la nulidad del fallo del tribunal.

La entidad sindical señaló que Pesino y González como jueces de la Sala VIII “no podían intervenir, sino que era un caso que le correspondía a la Sala I del tribunal”. También señaló que los magistrados resolvieron sin que la CGT pueda opinar.