Repudian tratamiento y sanción de las “Leyes de Democratización de la Justicia”

En este sentido, cuestionan las iniciativas destinadas regular las medidas cautelares contra el Estado, la que modifica la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación y una tercera que crea Cámaras de Casación para revisar sentencias de los tribunales nacionales y federales de segunda instancia, por cuanto las mismas en general atentan contra la independencia del Poder Judicial.

El Proyecto.

Fundamentación

Estamos siendo en los últimos días víctimas, de un verdadero atropello al equilibrio republicano que garantiza nuestra Constitución Nacional, a partir del grotesco, arbitrario, inconsulto y torpe tratamiento y sanción por parte del Congreso Nacional, que afectan gravemente la independencia del Poder Judicial e indirectamente los derechos de los ciudadanos.

En efecto, y a modo ilustrativo, una de ellas es destinada a regular las medidas cautelares contra el Estado, otra relativa a la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación y una tercera que crea Cámaras de Casación para revisar sentencias de los tribunales nacionales y federales de segunda instancia.

Seguramente, para muchos de nuestros pares dichos proyectos son hartos conocidos, por cuanto los mismos tuvieron y tienen amplia repercusión no solamente en los medios de comunicación, sino a través – y eso quizás sea lo más importante rescatar – de los enérgicos repudios de distintos organismos y/o instituciones relacionados directamente con el Poder Judicial, como son las vertidas por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales tanto Nacionales como de las mayorías de la Provincias, la Federación Argentina de Colegios de Abogados y la gran mayoría también de los Colegios de Abogados de las Provincias; prestigiosos doctrinarios, especialmente de materia constitucional como son Gregorio Badeni, Felix Long, Jorge Vanossi, Jorge María Hernández, entre tantos otros.

Así  como para debatir  sobre el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial, se abrió un marco de participación a toda la ciudadanía para idear un cambio en el ámbito de las relaciones privadas, resulta insoslayable señalar que la envergadura y las repercusiones sociales de las iniciativas sancionadas hubiesen requerido abrir un periodo de consulta sobre las políticas relativas al servicio de justicia. Que más democrático hubiese sido que todos los actores que tienen la capacidad y formación suficiente, hubieren  opinado sobre la hoy grandilocuente denominada “justicia democrática”.

Las serias observaciones que se formularan no han tenido –por la urgencia del debate- la posibilidad de ser suficientemente desarrolladas y discutidas públicamente, so pretexto que ya habían sido meditadas extensamente por sus redactores.

Ello genera que hoy, ante la afectación concreta de la independencia del Poder Judicial que provoca un desequilibrio en el delicado balance que la Constitución establece entre los poderes del Estado, imponga obligatoriamente tanto a los Partidos Políticos que no fueron consultados, a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y a tantos otros que invocando seguramente el carácter Inconstitucional de estos textos aprobados y a aprobar, a recurrir a los medios que el ordenamiento jurídico prevé para evitar que el daño institucional se consuma.

Estoy completamente convencido, como la gran mayoría de los argentinos, que la impronta absolutista y arcaica del “relato oficial”, basado en andamiajes non santos como son el extraordinario aparato estatal y el casi absoluto control de los medios masivos de comunicación de los que el gobierno se sirve, una vez más hiere profundamente a nuestra nobel democracia, a nuestro régimen republicano, a nuestras instituciones.

Ello no implica, lo decimos una vez más,  propiciar que las cosas se mantengan como están; no se pretende hacer una defensa corporativa de las debilidades del sistema judicial. Por el contrario, sostengo que hay mucho por mejorar para que tengamos un servicio de justicia  sin restricciones en el acceso, prestado en tiempos razonables, sin formalidades innecesarias y de menor costo para los sectores postergados, entre otras cosas.

El acceso a la justicia no pasa solo por entrar a un juzgado, sino por asegurarle al ciudadano que en ese espacio sus derechos se encuentren garantizados. No confundamos acceso a la justicia con excelencia judicial, aunque esta última es de desear.

Los ejes centrales de las reformas propuestas desatienden esas debilidades y  creo que poco ofrecen al ciudadano cuando se implantan instituciones del siglo diecinueve que van a demorar y encarecer los juicios, cuando se limita a derechos mínimos las medidas cautelares y se condiciona su vigencia a plazos incompatibles con los tiempos que duran los procesos y cuando se altera la integración representativa del Consejo, tal como lo previó la Constitución.

El nombramiento y la remoción de los jueces no pueden quedar en manos de una mayoría circunstancial, ni librado a la decisión de una parcialidad interesada.

Entiendo convencido que el desafío es la modificación de las estructuras del sistema para poder adaptarlo a los tiempos que corren. Esos cambios no deben ser el resultado de un conflicto coyuntural, sino que deben apuntar -principalmente- a asegurarnos un Poder Judicial inclusivo, para intentar revertir a una sociedad que muchas veces margina, excluye y segmenta con sentido negativo.

Es por ello Sr. Presidente, que consideramos oportuno como legisladores, manifestarnos a través de un verdadero repudio, y que nuestras voces, como representantes de nuestra Provincia, se hagan escuchar. Somos optimistas que mis pares acompañaran el presente.-              

LA CAMARA DE DIPUTADOS

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

SANCIONA CON FUERZA DE

DECLARACION:

ARTICULO 1°: Expresar nuestro más enérgico repudio al tratamiento y sanción por parte del Congreso Nacional, de las denominadas “Leyes de  Democratización de la Justicia”, en especial las destinadas regular las medidas cautelares contra el Estado, la que modifica la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación y una tercera que crea Cámaras de Casación para revisar sentencias de los tribunales nacionales y federales de segunda instancia, por cuanto las mismas en general atentan contra la independencia del Poder Judicial.

ARTICULO 2°: Notificar de la presente a los Presidentes de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.

ARTICULO 3°: De Forma.