Rivera por la jerarquizacion institucional
El presidente de la Camara de Diputados, Marcelo Rivera, reiteró, la necesidad de que el Estado provincial, cuente en su plexo normativo, con las herramientas necesarias que le permitan a su personal, contar con la posibilidad de un permanente y creciente grado de profesionalización.
POLITICA
Ello -señala Rivera- permitirá una mejor calidad en el
servicio que brinda a la comunidad. En tal sentido destaco que están pendientes
de tratamiento para el presente Periodo Ordinario de Sesiones, dos proyectos de
Ley de su autoría. Ellos son: la Ley Antimotín: creación de la Comisión de
bienestar de la Fuerzas de Seguridad" y "Ley de aptitud
psicofisiologica para la función publica".
Creación de la Comisión de bienestar de la Fuerzas
de Seguridad
Tiene por objeto,
permitir que sus integrantes, tengan un ámbito propicio de dialogo relacionado
con las legitimas demandas de los efectivos, ante la ausencia de representación
gremial, elevando así sus derechos laborales como discusión de condiciones de
trabajo o salarios, evitando con ello -además- la carga de situaciones de
conflicto que pongan en riesgo el equilibrio institucional evitando el
desamparo y la angustia padecidas por nuestra sociedad en nuestra historia
reciente.
Ley de aptitud psicofisiologica para la función
publica
El Proyecto, expresa en
sus fundamentos, que "son inconmensurables los estragos que puede causar a
la sociedad una mente perturbada por una patología, sobre todo si tiene a su
cargo la responsabilidad de representar, proteger, brindar políticas u otorgar
justicia al Pueblo", por lo que junto a la intención de darle a la
ciudadanía la total seguridad de que sus derechos son preservados por quienes
deben desarrollar las políticas del Estado con la "integridad física y
mental que demanda la responsabilidad del cargo que invisten", a la par de
"transparentar las gestiones de los gobiernos" y con ello
"mejorar la imagen publica de quienes administran los recursos del
Estado".
Finalmente, el Proyecto menciona
la necesidad de que quienes aspiren a ocupar puestos en el Estado no deben
tener un tratamiento diferente a cualquier ciudadano respecto de su aptitud
psicofísica requerida para cualquier puesto de trabajo.