Sarita, la doméstica que reclama indemnización a la familia Urtubey Mera

"Urtubey complicado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el despido de una mucama”, tituló InfoNews, remarcando que "Sarita Santos Dávila afirma que la familia del gobernador de Salta no solo no le pagaba aguinaldo, vacaciones ni asignaciones familiares sino que, cuando se los reclamó, la despidieron sin indemnización tras 21 años de trabajo”.

Precarización laboral, diferencias en el pago de los sueldos y falta de pago de aguinaldos, vacaciones, asignaciones familiares y hasta la indemnización por un despido injustificado son algunas de las denuncias de Sarita Santos Dávila contra el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y su familia, para la que trabajó durante más de 20 años (desde 1984 hasta 2005).

Su caso obtuvo un fallo favorable en primera instancia, pero la Cámara de Apelaciones de la provincia decidió revocarlo con una polémica sentencia que la Corte Suprema luego ratificó. Ahora la causa llegó a manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Según su abogado, Víctor Hugo Sarmiento, a Santos Dávila "la despidieron en forma arbitraria" y no hubo acuerdo conciliatorio posterior: "En una primera instancia se intentó llegar a un acuerdo conciliatorio por unos miserables $2.000, y ahí fue donde intervenimos porque la estaban estafando".

Sarmiento precisó que la demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es sólo contra Lía Urtubey, la madre del gobernador, sino también contra toda la familia. "El juicio es contra toda la familia Urtubey porque ella trabajaba para los hijos inclusive: en una época, cuando Juan Manuel tuvo a su primer hijo, Sarita trabajaba por las mañanas en lo de Lía y por las tardes en su casa", subrayó.

Según publicó el portal El Destape, durante los 21 años que trabajó para la familia Urtubey, la empleada cobró en negro, sin recibir ningún tipo de aporte previsional por parte de sus empleadores por los servicios prestados.

Cuando desde el gobierno de Cristina Fernández se impulsó el registro de las empleadas domésticas, la mujer comenzó a reclamarles a sus patrones que la blanqueen. "Trabajaba en negro. La escribana siempre me decía que faltando diez o quince años para jubilarme me haría los papeles, cosa que nunca me hizo", contó la ex empleada en una entrevista con el diario El Tribuno en 2013.

En lugar de hacerle los papeles, en 2005 la familia del gobernador salteño la despidió sin indemnización por los 21 años de servicio, por lo que Santos Dávila presentó una demanda que en 2008, tras haber presentado numerosas pruebas, logró un fallo favorable en primera instancia por la suma de $25.536,87.

El gobernador y su familia apelaron y, en marzo de 2012, luego de haber colocado a una jueza subrogante, pudo revertir la sentencia adversa en la Cámara de Apelaciones, que rechazó in limine los planteos de la ex empleada, a pesar de las pruebas fehacientes de la relación laboral. La Corte Suprema de Salta ratificó el fallo.

Ahora el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que deberá decidir si existen evidencias suficientes para exigir que los Urtubey indemnicen a Sarita Santos Dávila por las dos décadas de trabajo precarizado y el no pago de vacaciones, aportes jubilatorios, aguinaldo y asignaciones familiares a las que la ex empleada no solo nunca tuvo acceso sino que, cuando pretendió hacerlo, perdió su empleo.