Sobreseen a Terán en dos de los tres delitos que le imputan

El transcurso del tiempo libró a Felipe Federico Terán, ex juez federal N°2 de Tucumán, de dos de los tres delitos por cuya supuesta comisión iba a ser juzgado en el ámbito de \"Borquez\", pesquisa testigo de los casos de maniobras con títulos públicos abierta en 2005 junto a los expedientes \"Camandona\" (enviada a juicio en noviembre de 2011), \"Taranto\" y \"Scaravilli López\". No obstante, el estrado rechazó los pedidos de sobreseimiento articulados oportunamente por las defensas de los imputados Martín, Ducca, Rigourd, Barboza y Recalde, involucrados en la misma causa.

La prescripción de Terán, que comprende las figuras de violación de los deberes de funcionario público y de tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública, fue declarada por Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga (el camarista catamarqueño subroga a Carlos Enrique Jiménez Montilla, que se excusó en este pleito), todos integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF).

La misma resolución del 16 de septiembre pasado que hizo lugar al sobreseimiento parcial de Terán rechazó en cambio la prescripción de la acción penal respecto del delito de falsedad ideológica o intelectual. La decisión asimismo desestimó otros planteos articulados por Pablo Bauque, defensor del imputado, referidos al requerimiento de elevación de juicio y al derecho al juzgamiento en un plazo razonable.

El TOF interpretó que la prescripción había comenzado a correr el 18 de octubre de 2006, día en que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación removió a Terán por mal desempeño en la tramitación de causas en las que particulares (como Inés Yolanda Borquez) reclamaban la \"pesificación\" de títulos de la deuda pública. El tribunal afirmó asimismo que el cómputo de ese plazo había quedado interrumpido por el requerimiento de elevación a juicio que formuló el fiscal federal Carlos Brito el 16 de octubre de 2012.

Al examinar la situación de cada uno de los delitos imputados al ex magistrado, el estrado concluyó que, entre la destitución y el requerimiento mencionados, había transcurrido el tiempo máximo de la pena prevista para la violación de los deberes de funcionario público (pena máxima de dos años) y de la tentativa de fraude en perjuicio de la administración pública (pena máxima de cuatro años).

\"Terán está acusado (además) de falsedad ideológica o intelectual en los términos del artículo 293 del Código Penal -con el agravante del artículo 298-, injusto que tiene una pena máxima amenazada de seis años de prisión, por lo que este delito no está prescripto\", manifestaron Casas, Noli y Reynaga.

Festival de recursos

Pese a que no consiguió todo lo que pretendía (en el último delito analizado, por sólo dos días), Terán no puede quejarse de su suerte a la vista de la que tuvieron los planteos de otros imputados en \"Borquez\". En distintas resoluciones, el TOF rechazó la aplicación del instituto de la prescripción respecto de los abogados Daniel Martín y Alfredo Ducca, y de tres presuntos inversores vinculados a la empresa MA Valores: Jorge Alejandro Rigourd, César Daniel Barboza y Fernando Adolfo Recalde. El cuarto imputado de este último grupo, Pablo Javier Rossi, no habría solicitado el sobreseimiento por extinción de la acción penal.

Las defensas de Terán, Rigourd, Barboza y Recalde y, en el caso del sobreseimiento parcial del ex juez, también el fiscal general ante el TOF, Leopoldo Peralta Palma, recurrieron las decisiones relativas a la prescripción. Esas presentaciones no habían sido resueltas hasta la semana pasada, lo mismo que otros incidentes de nulidad y que el pedido de suspensión de juicio a prueba (o probation) formulado por Ducca. Del desenlace de este festival de planteos depende que la pesquisa iniciada en 2005 llegue, por fin, a juicio oral y reciba una sentencia que establezca la verdad judicial sobre hechos que sumieron a la Justicia Federal de Tucumán en una crisis inédita.

La historia en síntesis

Un grupo de tucumanos invierte $ 4,3 millones en títulos de la deuda pública entre 2004 y 2005. En cuestión de semanas, una medida cautelar ordena al erario que se abstenga de aplicar la \"pesificación\" forzosa a esos papeles \"dolarizados\" y abone los intereses a su titular: o sea, trata a esos bonos como si hubiesen sido adquiridos antes de la cesación de pagos de diciembre de 2001 (default) que precedió a la salida de la \"convertibilidad\" y la devaluación del peso. Sucesivas resoluciones disponen el pago del capital y la renta, orden que suponía un desembolso de U$S 5,2 millones o $ 15 millones (según la cotización de entonces) y una ganancia equivalente al 241,15% respecto del capital invertido. Tras varias presentaciones sin suerte, el Ministerio de Economía de la Nación consigue paralizar la cautelar y lo que iba a ser un negocio estupendo termina provocando la destitución del ex juez federal N°2 y la renuncia del N°1, Jorge Parache.

Esa es la historia que, en síntesis, contó el auto de elevación a juicio oral de 130 fojas que el 27 de noviembre de 2012 firmó el conjuez Edgardo López Herrera. Dicha resolución fue determinante para que la causa \"Borquez\" aterrizase en el TOF el 27 de marzo de este año.

Foto y fuente: La Gaceta de Tucumán.