Tres empresarios irán a juicio por vender agua contaminada
En un caso que ha generado indignación y preocupación en la sociedad, tres empresarios dueños de empresas de agua envasada de la Ciudad de Buenos Aires enfrentarán un juicio oral tras ser acusados de adulterar y comercializar agua contaminada.
Según las investigaciones, el agua vendida por estas compañías contenía bacterias coliformes y Escherichia coli, lo que representa un serio riesgo para la salud pública.
El Ministerio Público Fiscal, encabezado por la fiscal federal Alejandra Mángano, presentó cargos contra Gustavo Carmelo Russo (de Soda La Generosa SRL), Romina Aguirre (de Blue 480 SRL - Reino del Hielo) y Carlos Alberto Bonavoglia (de Carlos Alberto Bonavoglia SRL). Los tres empresarios están imputados por adulterar, vender y distribuir agua contaminada, en flagrante violación de la legislación sanitaria.
La denuncia, originada en una asociación civil, señaló que las empresas almacenaban y comercializaban agua con bacterias peligrosas para el consumo humano. En diciembre de 2023, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6 autorizó allanamientos a las instalaciones de las compañías, donde se tomaron muestras de los tanques de agua. Los análisis de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria confirmaron que el agua estaba contaminada con Escherichia coli y otras bacterias coliformes, lo que ponía en peligro la salud de quienes consumían el producto.
Los informes científicos dejaron en evidencia que los productos no cumplían con los estándares establecidos por la ley y, por lo tanto, no eran aptos para el consumo humano. Las pruebas microbiológicas y químicas señalaron que el agua envasada era peligrosa, lo que motivó que los responsables fueran acusados de violar el artículo 201 del Código Penal. Este artículo estipula penas de entre 3 y 10 años de prisión para quienes comercialicen productos peligrosos para la salud sin advertir sobre su peligrosidad.
La fiscal Mángano aseguró que los empresarios tenían "pleno conocimiento" de las irregularidades y decidieron continuar con la venta de agua no apta para el consumo, actuando de forma deliberada y con total desprecio por la salud pública. "Tenían pleno conocimiento de lo que producían, y aún así, comercializaron sus productos, infringiendo la normativa establecida", declaró Mángano.
El caso ha desatado una ola de indignación en la sociedad, que no solo exige justicia para las víctimas potenciales del consumo de esta agua contaminada, sino también un mayor control y regulaciones estrictas en la industria de alimentos y bebidas. Con el juicio en puerta, se espera que los acusados enfrenten las consecuencias legales por poner en riesgo la salud de miles de argentinos.