La única política de estado del FCS fue la corrupción

Por encima de los reproches morales y éticos por el lucro ilícito logrado con la explotación de las necesidades de los pobres, sobrevuelan las pruebas de que la corrupción fue el principio vertebrador de la política del FCS. Más aún: el "negocio del hambre” prueba, más allá de toda duda razonable, que la corrupción fue "la” política de Estado del FCS.

Como responsables de las áreas que administraban los recursos públicos en teoría presupuestados para morigerar el brutal impacto de la pobreza y la pauperización, Víctor Brandán, Pablo Doro y sus colaboradores deben sin dudas responder por los delitos que cometieron. Sin embargo, es evidente que fueron meros ejecutores de un sistema pergeñado por quien al momento del fraude ejercía la máxima autoridad de la Provincia y su ministro de Economía. Cualquiera podría haber perpetrado el saqueo de los fondos de asistencia social, pero no cualquiera estaba en condiciones de darle cobertura legal.

Para no dar más vueltas: el ex gobernador Oscar Aníbal Castillo, actual senador nacional por el radicalismo, y el ex ministro de Economía Jorge Greco, que emigró de Catamarca tras empacharse, elaboraron y formalizaron el "estatuto legal de la rapiña” que habilitó el robo. 

En diciembre de 2000, el Gobierno de Castillo y Greco puso en vigencia el decreto 1544/00, pieza central, imprescindible, de la ingeniería fraudulenta que se juzga. Bajo la hipócrita excusa de la urgencia social, este instrumento elevó el monto autorizado para las contrataciones directas en la Subsecretaría de Acción Social a $350.000 y exceptuó al organismo del cumplir con las disposiciones de la ley de Administración Financiera tendientes a impedir desdoblamientos de compras para celebrar transacciones millonarias sin pasar por las incomodidades de los concursos de precios o licitaciones.

Debe considerarse el contexto de la época. Regía el sistema de Convertibilidad, con la paridad 1 peso=1 dólar. Hablamos entonces, a cifras actuales, de la autorización a Acción Social para efectuar compras directas por montos superiores a los $5 millones, cifra sideral que pareció no obstante insuficiente a los voraces conductores del Estado en aquel momento, al punto de llevarlos a perfeccionar el régimen con la liberación de los desdoblamientos de compras.

Tal fue el origen del desfalco a nuestros pobres, más grave si se tiene en cuenta el sufrimiento al que ya estaban sometidos por los ajustes salvajes del presidente Fernando De la Rúa. Adviértase lo perverso del aceitado sistema: la gestión política profundizaba la miseria e incrementaba los planteles de excluidos que serían esquilmados en el "negocio del hambre”. En los términos del mercado a los que esta gente es tan afecta, clientela cautiva y en perpetua expansión para mejor justificar el saqueo. 

La angurria se desenfrenó. En cuanto el "estatuto legal de la rapiña” se puso en vigencia, Acción Social comenzó con los desdoblamientos de compras directas, todas dirigidas a un grupo de proveedores constituidos recién cuando la mesa estuvo servida, cuya única actividad era venderle a la administración pública. La anarquía administrativa en la gestión de la asistencia social, evidencia de una impunidad que estos personajes supusieron eterna, no pudo ser omitida por el Tribunal de Cuentas. Cuando Víctor Brandán fue objetado, Castillo dijo que el funcionario no había hecho más que cumplir con las directivas que él le había impartido. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Nuestra Justicia está hoy ante una encrucijada. Puede limitarse a juzgar y condenar al grupo que, 12 años después de los hechos, se sentará a dar cuentas en el banquillo de los acusados. O puede elegir someter a juicio a todos los integrantes de la asociación ilícita del "negocio del hambre”, con los jefes Castillo y Greco a la cabeza. No es tan difícil: en el primer caso, incurrirá en una nueva defección; en el último, iniciará el camino a su reivindicación, al tiempo que produce un hecho sin precedentes en la historia judicial argentina, juzgando la corrupción como política de Estado.

Sabrán los jueces qué hacer. 

Los desatinos de Eduardo Brizuela del Moral, de los que la corrupción también formó parte, han instalado la presunción de que el "negocio del hambre” diseñado por Castillo y Greco fue un hecho delictivo más entre tantos que jalonaron las gestiones del FCS. Pero no es así. El "negocio del hambre” representó un quiebre y una evolución en las prácticas corruptas. Todo un Gobierno se puso al servicio de la depredación de las arcas públicas; todo un sistema legal se estructuró para tratar de garantizar la impunidad a los depredadores. De la Justicia depende que esta pretensión de impunidad no se materialice.

Fidel Sáenz

21.682.015

Militante político