Ya está en el país el proveedor del “Clan Brizuela” capturado en Bolivia

Se trata de Roberto Zacarías Acuña, detenido en junio pasado en la ciudad boliviana de Villazón, quien era intensamente buscado por la Justicia Federal de Córdoba. La causa está a cargo del fiscal federal N°3, Maximiliano Hairabedian, y del juez Alejandro Sánchez Freytes. El acusado, señalado como proveedor de la droga dentro de la estructura criminal, llegó al país el miércoles último para afrontar el proceso judicial en su contra.

Zacarías Acuña posee doble nacionalidad, boliviana y argentina, y al momento de su captura tenía vigente una circular roja de Interpol. Actualmente se encuentra alojado en Córdoba y es defendido por los abogados Marcelo Flores y Fernando Madeo Facente.

La investigación se originó a partir del hallazgo de un cargamento de más de 860 kilogramos de cocaína durante un control de Gendarmería realizado cerca de Rosario de la Frontera, en la provincia de Salta. La droga era transportada en un camión y se encontraba oculta en la parte trasera del vehículo, camuflada entre zapallos.

Según consta en el acta de secuestro, el estupefaciente estaba distribuido en 846 “ladrillos” compactos, lo que evidenciaba un alto grado de planificación. El conductor del camión, Ramiro Félix Tapia, fue identificado en el lugar y declaró que realizaba el transporte por encargo de Juan Carlos Brizuela, alias “Sieto”.

Los investigadores sostienen que Brizuela era quien coordinaba la logística general y los pagos, en permanente contacto con Rosa María Espinoza, conocida como “Mery”, a quien los informes de inteligencia señalan como el nexo directo con los proveedores bolivianos.

De acuerdo con las escuchas telefónicas incorporadas al expediente, Espinoza coordinaba ventas y entregas en Buenos Aires y Córdoba, discutiendo precios que oscilaban entre 3.800 y 3.900 dólares por kilo de cocaína en Córdoba, además de la calidad de la sustancia.

El juzgado describió una organización con roles claramente definidos, integrada por familiares y terceros. Mientras algunos miembros se encargaban del transporte, otros realizaban tareas de “punteros” y “barridos”, recorriendo rutas para advertir sobre la presencia de controles policiales. En paralelo, había responsables de los cobros, pagos, traslados de vehículos y provisión de “pantallas” para encubrir la operatoria ilegal.

Entre los imputados figuran hijos de Brizuela, cargadores, choferes —como José María Astorga— y personas involucradas en la logística y el encubrimiento, entre ellas Paola Beatriz Guerrero y Jazmín Ayelén Choque.

La pesquisa incluyó seguimientos, escuchas telefónicas, análisis de movimientos bancarios y geolocalización de teléfonos. En los informes de Gendarmería se transcribieron conversaciones en clave como: “anda ve”, “azules nomás eran”, “lindo papá”, “todo bien hace un ratito” y referencias a tareas de vigilancia en rutas del norte argentino.

Durante los allanamientos se secuestraron más de 20 vehículos de alta gama, dinero en efectivo en pesos y dólares —en uno de los domicilios se hallaron $1.330.770, según el expediente—, además de computadoras, armas, municiones y documentación vinculada a la compra y venta de automóviles.

En la vivienda de Espinoza se incautaron 3.900 dólares, pasajes de colectivo entre Jujuy y Buenos Aires y varios teléfonos celulares.

Al analizar la dinámica del grupo, el juez sostuvo que “los imputados se habrían dividido previamente sus roles y funciones para la consecución de los fines propuestos, con una constante fluidez y reciprocidad en las comunicaciones”, argumento central para avanzar con imputaciones agravadas por organización y financiamiento del narcotráfico, delitos que prevén penas de 8 a 20 años de prisión.

En el expediente también se recuerda que Juan Carlos Brizuela ya había sido condenado en 2018 por transporte de estupefacientes, mientras que Javier Luis Humacata cuenta con condenas previas y antecedentes de evasión judicial.

Pese a los descargos de algunos imputados, entre ellos Espinoza —quien negó integrar una organización narco y afirmó haber participado en una sola operación—, la Justicia consideró acreditado que la banda funcionaba como una estructura criminal compleja, con recursos humanos y técnicos suficientes para sostener el tráfico de drogas a gran escala.

La llegada de Zacarías Acuña al país es considerada por los investigadores un paso clave para profundizar la causa y avanzar sobre la responsabilidad de todos los eslabones del “Clan Brizuela”, una de las organizaciones narcocriminales más relevantes detectadas en los últimos años en el norte argentino.