De las 24 provincias, 19 tienen en su estructura de deuda más del 50% en manos del Gobierno Nacional. Las más comprometidas con la Nación son Jujuy (94%), Corrientes (92%) y Formosa (90%); le siguen Entre Ríos, con 87% y Río Negro con un 85%, y Catamarca con 83%, según un estudio de una consultora especializada. Es lo que hace inexplicable la resistencia de Eduardo Brizuela del Moral a adherir al programa de desendeudamiento que propone la Casa Rosada.
Los distritos de Santiago del Estero (21%), Santa Fe (9%), La Pampa (4%) y CABA (1%) poseen un porcentaje bajo o prácticamente nulo de deuda con Nación. Ello explica porque no formarán parte del programa de refinanciación de deuda 2010, al no poseer endeudamiento en los conceptos que se incorporan a la reprogramación (PFO y PAF, deudas provenientes de la privatización de bancos provinciales, Programa de Unificación Monetaria (PUM), Bogar 2018 y 2020). Para las demás jurisdicciones, la política implementada por el Ejecutivo a través del Programa Federal de Desendeudamiento tiene vital importancia para sus finanzas. Dicha iniciativa busca reducir el nivel de deuda que las provincias mantienen con la Nación.
Del total de 18 provincias previstas a incorporarse, a la fecha son 12 las que se han adherido: Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Jujuy, Salta, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, Tierra del Fuego, La Rioja, San Juan y Río Negro. Del resto de las provincias que tienen deuda con el gobierno sólo restan unirse Mendoza, Formosa, Chubut, Catamarca, Neuquén y Corrientes. El plazo para participar del programa se ha prorrogado hasta el 31 de agosto.
Se espera que Mendoza entre, mientras que en el caso de Chubut no sería probable ya que, más allá que el porcentaje de stock de deuda con Nación de la provincia patagónica es alto, la deuda total no lo es. Por otro lado las diferencias políticas con el Gobierno Nacional impedirían su ingreso.
Un caso especial, como siempre, es el de Catamarca, que tiene un alto porcentaje del total de su deuda comprometida con Nación, un 83% (en esa cuenta deben cargarse PFO y PAF, deudas provenientes de la privatización de bancos provinciales, Programa de Unificación Monetaria, Bogar 2018 y 2020) y el 17% restante distribuido entre organismos nacionales e internacionales y bancos privados.
Así, aparece claramente la conveniencia de acceder al Programa de Desendeudamiento Federal que propone el Gobierno de Cristina Kirchner. Aun así, nuestro primer mandatario parece “empacado” en no adherir.