Luego de desempolvar viejas rivalidades regionales y enfrentar a gobernantes celosos de la atención de la Casa Rosada, la continuidad del régimen no está garantizada: si bien la demanda de Mendoza que llegó a golpear la puerta de la Corte Suprema de la Nación quedó saldada, resta resolver una acción presentada por La Pampa. En tanto, la Nación todavía mantiene congelado el decreto y aún no confirmó su promulgación.
Para Catamarca, el tema implica que sigan sin resolverse cuestiones fiscales que determinan la radicación o la partida de emprendimientos fabriles que generan cerca de 8000 puestos de trabajos directos. Sin embargo, la indefinición del tema preocupa a muchos, empresarios y trabajadores sobre todo, pero no tanto al Gobierno de Eduardo Brizuela del Moral que no informa gestión alguna que encare ante el Gobierno central.
El primer capítulo de la contienda por la promoción lo escribió Mendoza, que se sintió perjudicada por los beneficios impositivos que recibirían sus vecinas, protestó ante la Justicia nacional y, luego de meses de tironeo, el gobernador justicialista Celso Jaque logró que la Nación incluya algunos de sus departamentos en el régimen. Lejos de terminar ahí esta historia, nuevos ribetes aparecieron y los beneficios de la apetecida promoción siguen sin efectivizarse.
Motivada por el éxito mendocino, La Pampa puso en marcha una acción declarativa de inconstitucionalidad del decreto presidencial 699, la presentó en la Corte Suprema y todavía espera respuesta.
El Gobierno de Tierra del Fuego, en tanto, puso el grito en el cielo por los potenciales perjuicios que podría tener sobre la Ley 19.640 -un beneficio impositivo considerado fundamental para la economía del distrito austral- que prospere una propuesta que llegó al Congreso de la Nación para crear un nuevo régimen que alcance a todo el país.
Sin embargo, el enojo mendocino -puntapié de un alocado efecto dominó- no duró tanto como la suspensión que todavía rige de la puesta en marcha de la medida: la provincia cuyana desistió de reclamarle a Cristina de Kirchner por el beneficio impositivo a cambio de que la entrada en el Programa Federal de Desendeudamiento.
Tras la firma del polémico trueque con Nación, recayó sobre el fiscal de Estado mendocino, Joaquín de Rosas, el pedido de un jury por mal desempeño en sus funciones, que finalmente no le trajo demasiados perjuicios ya que luego de meses de silencio, la causa fue archivada a principios de año por “no constituir ningún tipo de delito para el derecho penal”.