El proceso de desmantelamiento de los subsidios que puso en marcha el Gobierno Nacional comenzaría a impactar en los usuarios residenciales a partir de diciembre, cuando se den a conocer los primeros recortes que tendrán las bonificaciones tarifarias vigentes en los servicios de energía eléctrica, gas y agua.
Tras el sorpresivo anuncio que hicieron el miércoles Julio De Vido y Amado Boudou, los técnicos de Planificación y Economía delinearon contrarreloj una agenda tentativa para desarmar la compleja y costosa maraña de los subsidios.
Más allá del anticipo que dieron los ministros acerca de los primeros sectores empresarios que afrontarán aumentos tarifarios, hasta ahora las dos únicas certezas que hay tienen que ver con la creación del “Grupo de Trabajo” que analizará y propondrá la revisión de los subsidios y los plazos en juego para empezar a resolver la sensible situación que se plantea con los consumos hogareños.
La primera tarea del “grupo asesor” que presiden los subsecretarios de Coordinación y Control, Roberto Baratta y de Presupuesto, Raúl Rigo será coordinar con los entes reguladores la eliminación total de los subsidios en luz, gas y agua que tienen bancos, financieras, aseguradoras, empresas de telefonía celular, juegos de azar, petroleras, mineras, aeropuertos y terminales portuarias. Según calculan técnicos del sector eléctrico, el aumento para estos sectores en el valor de la energía rondaría entre el 120 y 150% en grandes centros urbanos como Capital Federal, Santa Fe o Buenos Aires, aunque un tanto menor en las provincias del norte del país.
Dentro de 15 días, la comisión biministerial tendrá entregar un informe con los próximos sectores económicos que dejarán de gozar de los beneficios provenientes de los subsidios. Para definir esa lista de excluidos, deberá cruzar los datos de los últimos años de consumo y facturación con los entes reguladores y las operadoras de los servicios. En esta instancia no se descarta que empresas del mismo rubro tengan “quitas diferenciales” de subsidios en función del tamaño, los niveles de producción y la cantidad de empleados.
Después, vendrá el turno del sector más difícil de resolver: los usuarios residenciales. Descartado un aumento generalizado que elimine de golpe todos los subsidios, los funcionarios tienen que encontrar la dosis de gradualidad que haga digerible los incrementos parciales a mediano plazo.
Si bien aún no está claro cómo se instrumentarán los cambios, ya hay dos parámetros definidos para establecer los porcentajes de aumentos: el nivel de consumo y la ubicación geográfica. La idea oficial es poder definir el primer reacomodamiento residencial de subsidios y tarifas en diciembre para que entre en vigencia a partir de enero.
En tanto, el trámite para desmontar los subsidios en el transporte público se prolongará hasta febrero.