El nuevo mecanismo de asistencia financiera diseñado por la Nación se enmarca en el ya vigente Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional pero a través de un nuevo cronograma fijado en la flamante Resolución 86, publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación, que fija las pautas para facilitar una nueva tanda de recursos frescos a las provincias.
Aseguran los especialistas, a diferencia de los anteriores planes de asistencia financiera para las provincias, la fuente de financiamiento de este plan serán los recursos que se recaudan en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional).
Es decir que el Gobierno podría utilizar los 11.870 millones de pesos previstos en el Presupuesto 2010 y que rige también este año, además de un stock remanente de la jurisdicción 91, por lo que el total disponible para inyectar a las provincias en concepto de asistencia para la reprogramación de sus pasivos será de unos 12.273 millones de pesos.
Cabe recordar que hasta mediados del año pasado, cuando se anunció el Programa de Desendeudamiento Provincial, la deuda con las provincias por ese concepto ascendía a 9.000 millones de pesos, por lo que se criticaba un punto en particular de esta operatoria: “Los nuevos fondos recaudados serían utilizados para prestarlos a las propias provincias, cuando en realidad pertenecen a ellas”.
El Fondo Fiduciario para el Desarrollo Regional fue instituido por ley después de la crisis del Efecto Tequila de 1995 y desde entonces se transformó en una herramienta de ayuda a las provincias afectadas por deudas que, en especial a partir del crack de la paridad cambiaria de 2001, se transformaron en una pesada carga para las administraciones del interior.
Hasta el momento, el FFDP asistió los procesos de privatización de 19 entidades financieras en 16 provincias. Catamarca fue una de ellas. Los préstamos otorgados a cada provincia fueron para financiar capítulos previamente definidos en convenios bilaterales, destacándose los gastos propios del proceso de privatización.
En el año 2000, las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Tucumán firmaron convenios con el mencionado Fondo Fiduciario para adherirse al Programa de Saneamiento Fiscal. Los préstamos sirvieron entonces para extender los plazos y reducir las tasas de interés del endeudamiento provincial.
Como contrapartida, las provincias se comprometieron a desarrollar un proceso de saneamiento de sus finanzas públicas para lograr el equilibrio presupuestario. En 2001, este mismo programa se replicó con la incorporación de Buenos Aires, Misiones, San Juan y Corrientes.