Detrás de estas ideas está la crisis económica internacional y el curso que tomaron los metales: la onza de oro pasó de los u$s 640,50 en 2007 hasta los u$s 1.923,20 a principios de septiembre de este año, para ubicarse en u$s 1.788 al final de la semana pasada. Algo similar ocurre con otros metales como el cobre, que en el último año pasó de u$s 7.594,5 a u$s 8.709 la tonelada.
“Sabemos que hay temas en estudio. Uno de ellos es elevar la presión impositiva y hay posiciones divergentes, pero algunas de las empresas más grandes creen que es mejor ceder algo para ganar tranquilidad”, reconoció ante BAE una fuente del sector, que pidió reserva del nombre de la empresa para la que trabaja. Es que ninguna de las multinacionales que opera en la Argentina –Xstrata Copper, Goldcorp, Yamana Gold, Barrick Gold, Pan American Silver, Vale y Anglogold, entre otras– quiere tensar la relación con el Gobierno, que es bien fluida.
Para muestra de ello está la decisión del gobernador José Luis Gioja de “mantener e incluso intensificar” las políticas para desarrollar la minería. Allí se encuentra la mina de oro Veladero, que tiene a su cargo la canadiense Barrick Gold, que es la empresa que mejores vínculos generó con la administración central. Según un trabajo sobre el complejo minero realizado por el Ministerio de Economía, cuenta con 11,4 millones de onzas de reserva.
La explicación de Gioja –“el líder del FPV en el tema minero”, como lo definió un ejecutivo de una multinacional del sector– está atada al crecimiento del precio del oro y a las regalías que la multinacional deja en la provincia, que es el 3% en boca de mina, donde el metal está en bruto y tiene el valor más bajo del mercado.
“Mi provincia creció en los últimos diez años 115%, incrementó las exportaciones en 1.300% contra un promedio de 2,2 a nivel nacional. De 140 millones que exportábamos en 2003 pasamos a 1.100 millones al 2010, y en el primer semestre de este año llevamos un incremento de 15%”, afirmó Gioja.
Otro gerente de una de las mineras de mayor peso en el país, que también reconoció que el Gobierno estudia cambios para el sector, aceptó que “algo más hay que pagar pero –subrayó– debe ser razonable” y se quejó por “la carga impositiva” que soportan y que, según sus cálculos, “es del 51% sobre utilidades y es más alta que en Canadá, Australia, Perú y Chile”.
Ese parámetro de razonabilidad está cruzado por lo ocurrido a fines de 2007, cuando el Gobierno intentó mover un milímetro el esquema impositivo y estableció derechos de exportación para las mineras. Eso afectó la estabilidad fiscal de algunas multinacionales como Bajo la Alumbrera –Xstrata Copper, Goldcorp y Yamana Gold–, que produce unas 180.000 toneladas de cobre y unas 20 toneladas de oro anuales, según el trabajo elaborado en Economía.
Esa decisión afectó a tres mineras medianas –Andacollo, Salar del Hombre Muerto y Borax–, que fueron excluidas del pago y a dos grandes, Vanguardia –Anglocold–, en Santa Cruz, y Bajo la Alumbrera, en Catamarca. Ambas pagan el 10% por derechos de exportación e iniciaron juicios que están pendientes de resolución en la Corte Suprema de Justicia. Eso no es todo, hay varias inversiones prometidas pero paralizadas. “Eso tiene que ver con lo razonable”, explicó un jefe minero.
ASOCIACIÓN Y EXPORTACIONES
Un ejemplo de asociación es la mina Bajo La Alumbrera, ubicada en el departamento de Belén. Los derechos de explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), un ente que integran nuestra provincia, el Estado nacional y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
El yacimiento fue descubierto por científicos de la UNT en 1948. Para explotar la mina, YMAD conformó en 1994 una unión transitoria de empresas (UTE) con el grupo Minera Alumbrera. Según datos de la empresa, entre 2006 y 2011 YMAD recibió u$s950 millones.