Por la decisión de Estados Unidos de suspender a la Argentina de su sistema de preferencias arancelarias, las regiones productoras de bienes agrícolas como frutillas, aceite de oliva, conservas de carne, quesos o maníes perderán ingresos por u$s 24 millones este año, que es el monto adicional que deberán pagar en aranceles para ingresar a ese mercado.
La pérdida del beneficio comercial será un duro golpe para aquellas economías regionales muy dependientes de los productos afectados como Catamarca, Tucumán, La Rioja, o San Juan. Sobre todo teniendo en cuenta que alrededor de esas producciones se mueven cientos de empleos.
Para 2012 se estimaba que la Argentina le estaría exportando al país del norte U$S 477 millones bajo el sistema de preferencias arancelarias (SGP), que es el cupo anual del que dispone el país y que había sido renovado hasta junio de 2013. El año pasado, con ese monto de exportación, los productores se evitaron el pago de U$S 24 millones en aranceles, que son ingresos adicionales que recibieron las localidades productoras del país.
Para dimensionar el impacto:
- El SGP es una medida que tomó el gobierno de EE.UU para liberar de aranceles a ciertos productos provenientes de países en desarrollo con el fin de fomentar el empleo.
- Si bien la decisión de excluir a la Argentina del sistema de franquicia comercial no tendrá un impacto relevante en la balanza comercial, sí lo tiene sobre las regiones afectadas y entre ellas, la provincia de Catamarca.
- El año pasado el país le exportó a EE.UU. productos agrícolas dentro de ese sistema por U$S 216 millones, que fueron principalmente vinos, artículos de confitería sin cacao, conservas de carne, aceite de oliva, quesos, maníes y frutillas. Asimismo, otros U$S 128 millones fueron exportaciones de productos químicos específicos.
- Para evaluar el impacto hay que analizar cada sector en particular. Por ejemplo, en la producción de frutilla donde la mayor parte se exporta, el SGP es la posibilidad que tienen los productores de competir en el mercado norteamericano frente a países como Chile y Perú.
- Situaciones similares atraviesan el resto de los productores que, de no mediar algún tipo de compensación del Estado, verán comprometida su actividad con el impacto que eso tiene sobre la región y el empleo.
La suspensión entrará en vigencia a los 60 días del anuncio oficial. Aún queda tiempo para resolver el conflicto a fin de restablecer las relaciones comerciales.