Según un informe de Economía y Regiones, esta situación afecta a la variable más sensible para la “caja” provincial, esto es, el gasto en personal.
El estudio indica que sobre un total de 2.000.000 de cargos públicos a nivel provincial, el personal afectado a la función Seguridad (policía y servicio penitenciario) concentra unos 300.000 agentes, esto es, un 15% de la planta total, y algo similar del gasto salarial. De este modo, en 2013 el conjunto de provincias habrían destinado $39.000 millones para cubrir los sueldos del personal de seguridad sobre un gasto total de $260.000 millones en pago a estos empleados.
Pese a que la incidencia relativa del personal policial es reducida, existe una alta probabilidad de que el aumento otorgado o por otorgarse a dicho sector termine dificultando las negociaciones salariales del resto de los empleados de la Administración Pública provincial.
Esta situación se daría en un contexto de escaso margen para incrementar los recursos propios, ya que la mayoría de las provincias introdujo amplias reformas tributarias en los últimos dos años, llevando la presión fiscal provincial a sus máximos históricos, y un 2014 donde, de no ser por la refinanciación, las provincias deberán atender los servicios de la deuda reprogramada con el Gobierno Nacional. Éstas le insumirían un gasto adicional de $10.000 millones en concepto de intereses y amortizaciones, sólo por este concepto.