Tras el rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de tomar la apelación Argentina en su pelea contra los fondos buitre, el país todavía tiene algunas chances de no caer en default. Sin embargo, según el ex secretario de Finanzas y protagonista del canje de la deuda en 2005, Guillermo Nielsen, el Gobierno enfrenta ahora "un dilema de hierro".
Una opción es pagar a los fondos buitre, negociando la forma de hacerlo con el juez Thomas Griesa, y desembolsar también el monto correspondiente a otros tenedores que no entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, una cifra que el Gobierno recientemente calculó en u$s 15.000 millones.
Las miradas están puestas en las palabras que dirá la Presidenta esta noche en cadena nacional. La opción de pagar, si bien es la que recomiendan muchos economistas, es la políticamente más costosa para una administración que se encargó de decir que no iba a acatar un potencial fallo desfavorable, salvo por la última presentación que hizo en su defensa ante la Corte estadounidense. Y es costosa en términos económicos también: al mejorar la oferta a un grupo de tenedores de bonos, otros que entraron a los canjes previos, con una quita anunciada de 75% (que después fue menor por el crecimiento del país) pueden reclamar lo propio, atendiendo a la cláusula RUFO que vence recién a fin de año. En este punto, de todas formas, no todos los abogados concuerdan. Algunos creen que estos reclamos no prosperarían.
Si se decide no pagar, el default es casi inevitable porque los fallos contra la Argentina, que quedaron firmes tras el rechazo de la Corte, indican también que el dinero para pagarles a los bonistas será usado para que "se cobren" los fondos buitre. Así, pese a que tiene el dinero para pagar, la Argentina entraría en default técnico.
En el medio, el país puede intentar cambiar la jurisdicción del pago de esos bonos para evitar el embargo del dinero. Esa es una opción válida para no caer en cesación de pagos, pero tiene complicaciones. Según Daniel Artana, economista Jefe de FIEL, los bonistas tienen que estar de acuerdo con el cambio, y para eso, antes hay que identificarlos y hacerles la propuesta, algo complicado de lograr.
El tiempo también apremia: el 30 de junio próximo, deberían cancelarse unos u$s 250 millones. Para Nielsen, el país puede pedir una revisión del fallo y patear la medida hasta después de ese vencimiento. Es otra de las decisiones que el Gobierno tiene que tomar.
Según Alejandro Robba, de la
agrupación la Gran Makro, el fallo va en contra de todo el sistema
porque sienta precedentes para otras restructuraciones de deuda
soberana. Ese era uno de los argumentos que inclinaban las expectativas a
que la Corte tomara el caso. Pero eso no pasó y ahora se activan las pocas opciones que el gobierno nacional nunca quiso tener. Cronista Comercial.