miércoles, 10 de septiembre de 2014
16:10
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La postura oficial será la que fuera anticipada por la presidente Cristina de Kirchner quien acusó a las terminales de "encanutar o esconder" los vehículos para "boicotear" el plan Pro.Cre.Auto.
Los ministros recibirán a los empresarios con datos concretos para fundamentar las acusaciones de "boicotear" el plan Pro.Cre.Auto o desincentivar las ventas. De acuerdo a la información que pudo acceder ambito.com, el Gobierno llevo a cabo inspecciones sobre 112 concesionarias. Este relevamiento arrojó que en 54 de ellas no se contaban con stock y en el caso de la entrega de automóviles el plazo era mayor si se adquiría por el Plan oficial.
En el relevamiento que efectuaron las autoridades en seis terminales se observó que había stock de autos de los incluidos en el programa Procreauto. También les mostrarán quiénes son las empresas de peor cumplimento, liderando Honda seguida por Fiat y en tercer lugar Renault.
Otro de los temas que observaron en la inspección fue que no se cumplía con el acuerdo establecido por los gastos adicionales. La recorrida abarcó 396 concesionarias, (casi la mitad del total de los locales de venta) y en el 52% cobraban por los gastos adicionales (por flete, alistamiento, etc.) montos superiores a los acordados, según los datos oficiales.
Luego de mostrarles el nivel de incumplimiento les informarán que comenzaron los trámites correspondientes para aplicar sanciones tanto a las concesionarias, como a las terminales que incumplieron lo acordado.
Desde la Casa Rosada se insiste que las empresas firmaron "voluntariamente" el Plan Pro.Cre.Auto y que por lo tanto corresponde que se cumpla.
Las empresas automotrices se defienden argumentando que no disponen de autopartes ya que les deben más de 2.500 millones de dólares a las casas matrices. Sin embargo, los funcionarios les mostraran que no es cierto ya que han podido disponer de casi 5.300 millones de dólares para hacer frente a sus compromisos externos, según explican en Casa de Gobierno.
Las automotrices, se supone contaran también con las pruebas correspondientes para hacer frente a las acusaciones del gobierno.