El resultado del indicador del informe muestra que las
diferentes provincias presentan una gran variabilidad en su grado de autonomía.
Algunas jurisdicciones registran una alta dependencia, como es el caso de
Formosa, donde lo que recibe por coparticipación representa el 89,3% de estos
recursos, y La Rioja donde el indicador asciende a 88,2%.
A su vez, es notable que en 7 de las 24 provincias los
envíos por coparticipación participan con más del 80% del total de estos
recursos. En contrapartida, la situación de CABA, Buenos Aires y Neuquén es
claramente diferente, al evidenciar indicadores de una mayor autonomía. Los
montos recibidos de coparticipación de CABA representan sólo un 9,5% del total
de transferencias automáticas y recaudación propia.
Por su parte, Buenos Aires presenta un indicador de 37,8% y
Neuquén de 49,9%.
Por lo dicho precedentemente, la evolución de los envíos
automáticos a provincias resulta de suma importancia para el devenir de las
finanzas subnacionales, principalmente para aquellas más dependientes de estos
fondos.
En lo que respecta a la Coparticipación y Leyes Especiales,
estos fondos cerraron el año 2014 con $303.919 millones, con una tasa de
crecimiento de 37,1%, superior en siete puntos porcentuales al incremento de
2013 y a su vez, fue el segundo más relevante después de 2004, medido en pesos
corrientes.
Sin embargo, el año 2015 no comenzó con tan buena
performance, ya que en el mes de enero se registró una desaceleración en los
ingresos por este concepto, al nivelarse en $29.733 millones, un 28,6% superior
a enero del año anterior.
Incluso cuando se consideran los datos del mes de febrero se
evidencia que el incremento acumulado en el primer bimestre fue del 31,4%. Esto
implica una desaceleración de casi 6 puntos porcentuales respecto al año
anterior.
Por lo tanto, si en vez de incrementarse un 37% como en el
año pasado, se supone que estos fondos efectivamente lo hicieran al 32%? de
acuerdo a la estacionalidad habitual puede estimarse que 2015 cierre con un
incremento porcentual cinco puntos porcentuales inferior al crecimiento de 2014
el consolidado provincial recibiría $15.200 millones menos por este
diferencial.
Una manera de analizar el efecto que tendría esta
desaceleración de la coparticipación es a través de estimar el impacto sobre
los ingresos corrientes. Claramente, el grado de autonomía de las provincias
influye notablemente en cuánto finalmente se desaceleren estos recursos.
Por ejemplo, en CABA como las transferencias automáticas
representan una pequeña porción del total de recursos corrientes, la
desaceleración de la coparticipación conllevaría una ralentización de sólo un
0,5%.
En contrapartida, en las provincias más dependientes de
recursos nacionales como Formosa, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero,
sus recursos se verían afectados en mayor medida, superando la desaceleración
el 4,3%.
Para tomar dimensión de la importancia de la evolución de la
coparticipación para las finanzas públicas subnacionales, puede tomarse un caso
hipotético en que cada gobierno hubiera planeado destinar todo el aumento en la
coparticipación de 2015 para incrementar su partida de personal, de manera que
una desaceleración en el crecimiento de los envíos federales automáticos
debilitaría la capacidad de ofrecer subas salariales a sus trabajadores
públicos.
Claramente, el cálculo depende de la importancia del gasto
en personal en cada provincia, y concretamente de cuánto de dicho gasto resulte
cubierto con la coparticipación.
Puede apreciarse que el freno en la velocidad de crecimiento
de los envíos automáticos repercutiría en dicho escenario en un freno en el
ofrecimiento salarial que iría desde un 0,7% en CABA hasta un 10,3% en San
Luis.
Es decir, en el supuesto que la provincia puntana tuviera
intenciones de aumentar, por ejemplo, un 35% su gasto salarial, sus
posibilidades efectivas serían reducidas al 24,7%, exclusivamente teniendo en
cuenta el eventual freno en la coparticipación, según el Instituto Argentino de
Análisis Fiscal.
Se insiste nuevamente en que es un ejercicio hipotético cuyo
objetivo es señalar los diferentes grados de esfuerzo que tendrían que llevar a
cabo las distintas provincias para otorgar incrementos salariales ante un
eventual freno en la coparticipación, y cómo los mismos están fuertemente
correlacionados con la autonomía fiscal de cada provincia.