La Federación Argentina de Productores de Tabaco (FAPT)
expresó su "preocupación” por un proyecto que modificaría la actual Ley de
Deportes y se financiaría con nuevos impuestos al tabaco.
La entidad indicó que "el cigarrillo ya cuenta con una
notable carga fiscal, que se aproxima a un 70% del precio de venta”, y advirtió
que un nuevo gravamen afectaría a las economías regionales del Norte Grande
(NEA y NOA) y conllevaría a "serios problemas sociales” en esas provincias.
El presidente de FAPT, Pedro Pascuttini, lamentó que "una
vez más encuentran en el tabaco una herramienta fácil para financiar proyectos
de ley”, en referencia a la iniciativa anunciada por el diputado nacional
Mauricio Gómez Bull.
"Los impuestos al tabaco tienen un límite, que en la
Argentina ya lo superaron. A nivel mundial, en promedio, el 59% de cada paquete
de cigarrillos corresponde a impuestos, mientras que en la Argentina ese número
se acerca al 70%”, destacó el directivo.
La institución remarcó en un comunicado que en el país ya
existen cinco impuestos que gravan a los cigarrillos, siendo tres de ellos
específicos de este producto.
"El cultivo de tabaco es esencial para el desarrollo de las
provincias del NOA y NEA (Misiones, Corrientes, Chaco, Tucumán, Catamarca,
Salta y Jujuy)”, tanto "en la generación de recursos y el desarrollo social de
las comunidades, como así también en la constitución del producto bruto
geográfico de las provincias productoras” y "representa uno de los principales
sectores agrícolas del país del cual dependen aproximadamente 1.000.000
personas para su subsistencia”, señaló.
Pascuttini solicitó a las autoridades que "tengan en
consideración que para los compañeros tabacaleros este cultivo es una fuente
genuina de trabajo, dado que se necesitan alrededor de 120 jornales por
hectárea mientras que para la soja, el trigo o el maíz se necesitan 0,44
jornales por hectáreas”.
"Al agregar un nuevo impuesto, las consecuencias conllevarían
a serios problemas económicos y sociales que podrían ir desde una merma en la
plantilla de trabajadores, dificultades para el pago de salarios en tiempo y
forma y menor desarrollo productivo hasta una notable disminución en la
actividad económica general de estas provincias”, alertó FAPT.