Según
sostuvo es como consecuencia del acuerdo salarial cerrado por el sector que
otorgó un aumento de 42% interanual, y alertó que hay empresas que por ese
incremento, sumado a la caída en el consumo y en la exportación, pueden
terminar "en alguna presentación de concurso preventivo".
"La
reapertura de la paritaria de la industria de la carne, aunque desde la
Jefatura de Gabinete se diga otra cosa, culminará con un aumento salarial
interanual de 42% a partir del julio último", subrayó Urcía, quien
puntualizó que "las empresas tienen que hacer frente a un incremento
salarial retroactivo del orden del 27% y por supuesto sin garantías de que el
acuerdo llegue al término previsto, el 31 de marzo del año próximo".
El titular
de la Fifra advirtió que "esta situación traerá como consecuencia un
incremento en el precio final de la carne en el orden de un 5%, debido a que la
industria y los operadores comerciales no están en condiciones de absorber
nuevos aumentos".
Además, en
un comunicado, señaló que "las tarifas de energía y gas tuvieron aumentos
considerables, también subieron el combustible y las tasas del Senasa (Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria)", y remarcó que "la
presión impositiva en general también influye en el encarecimiento del producto".
"Por
ende no queda más alternativa que cargar esos incrementos del costos en el
precio de venta de la carne, agravando así la disminución del consumo
interno", afirmó Urcía.
En ese
sentido, destacó que "en lo que va del año el consumo ha disminuido en
alrededor de 5 kilos por habitante al año", y añadió que "los
volúmenes de exportación no mejoran respecto de los registros del año anterior,
es decir, en términos absolutos se está faenando menos, situación que deja al
sector industrial en una posición muy débil, con posibilidad cierta de alguna
presentación en concurso preventivo".
A su
criterio, "es de fundamental importancia que el Estado acote la presión
tributaria", y consideró que "la posibilidad de utilizar el impuesto
al débito y crédito bancario para el pago de gravámenes es necesario para
morigerar el impacto del tributo en el precio final del producto, y también
como mecanismo de transparencia y seguridad de los operadores".
Por otra
parte, sostuvo que "es necesario un acuerdo al menos de las provincias más
ganaderas para establecer una alícuota común de impuesto a los Ingresos Brutos
sobre la industria y los operadores mayoristas que debieran estar
exentos".
"Pero,
si la necesidad de recursos lo impide, la alícuota no debiera superar el 0,5%,
en virtud de que el mismo impuesto grava la venta final en alrededor de un 5%
del valor producto", indicó Urcía.
Destacó que
"un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Financiero
(Iaraf) determinó que en la composición del precio de un alimento en góndola la
participación impositiva alcanza un 41%, y a eso se debe adicionar hasta un 20%
de costo logístico".
Fuente:
Télam
