Esto acompañado de una aceleración de la inflación que, en
promedio, estará en 18%/19,5%. Adicionalmente, esperamos una depreciación
nominal del peso que correría por detrás de la inflación, resultando en una
devaluación de 16,2%.
En este contexto, el déficit primario provincial alcanzaría
el 0,4% del PBI, mientras que el déficit financiero se extendería hasta un 0,9%
del PBI. Estos resultados son consecuencia de ingresos creciendo al 23,4% y
gastos al 26,4% (liderados por el gasto en personal).
Como consecuencia de las reformas acordadas en el acuerdo
Nación-Provincias de noviembre de 2017, las provincias recibirán transferencias
a modo de compensación por las pérdidas que le ocasionara el nuevo esquema de
distribución del impuesto a las ganancias y a los créditos y débitos.
Adicionalmente, las provincias (excepto Buenos Aires, San
Luís y Santa Fe) serán acreedoras de un bono a 11 años a cambio de abstenerse a
iniciar procesos judiciales respecto del régimen de coparticipación y desistir
de los ya iniciados.
Por el lado del gasto, las paritarias provinciales cerrarían
alrededor del 20% en promedio. Cabe destacar que un punto porcentual adicional
entregado en enero para el agregado de las provincias genera un gasto adicional
de $9.800 millones
Asignamos un escenario de ejecución de obras públicas con
crecimiento en términos reales, expandiéndose en un 28% el gasto en
construcciones.
Los intereses de la deuda continuarán seguirán ganando
participación en el gasto, aunque moderando su ritmo de expansión a fuerza de
menores tasas nominales, apreciación cambiaria y menores necesidades de
financiamiento.
Las provincias obtendrán financiamiento del Gobierno
Nacional a través del FGS ($20.000 M) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial ($6.000 M). Teniendo en cuenta únicamente los presupuestos expuestos
a continuación, las provincias se financiarán en $174.000 M (1,4% del PBI).
Comenzará a regir el nuevo acuerdo de Responsabilidad
Fiscal. En el mismo se establece que el gasto corriente primario neto no puede
crecer por encima del índice de precios del INDEC.
Adicionalmente, el empleo público no se puede incrementar
más que el crecimiento poblacional y los servicios de la deuda no pueden
superar el 15% de los ingresos corrientes netos de coparticipación a
municipios.