La decisión del ministro de Agricultura, como anticiparon a LPO en el Gobierno, podría publicarse la semana que viene en el Boletín Oficial, si bien la idea inicial era postergar esta medida hasta después de la renegociación de la deuda.
Por decreto, rigen actualmente retenciones del 30% para la soja y 12% para maíz y trigo, además del 9% a los productos regionales.
Por medio de la ley de emergencia económica que sancionó el Congreso a fin de año, el Gobierno tiene la facultad de aumentar los derechos de exportación un 3% más.
Mientras se trataba aquella ley, en primer término las retenciones a la soja iban a ser del 33%, pero el Gobierno las fijó en 30% como un gesto a la mesa de enlace.
Ahora, para subirlas al 33%, Basterra busca compensar al sector con la baja en las retenciones al trigo, que quedarían en un 9%, y en las economías regionales, que pasarían de tributar 9 a 5 por ciento. Las retenciones al maíz, en tanto, quedarían en 12%.
De esto se habló este viernes en el acto que Basterra compartió con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, para poner en funciones a la nueva presidenta del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Susana Mirassou, la primera mujer en presidir el Instituto.
El argumento del Gobierno es que con estas medidas se reactiva las pymes y se dinamizaría el interior del país.
La jugada viene con un dardo envenenado para dividir a la Mesa de Enlace: Coninagro y CRA tienen fuerte anclaje en el interior del país y Federación Agraria reclamó hace dos semanas que el Gobierno beneficie a pequeños y medianos productores y que impulse las economías regionales. En este contexto, la Sociedad Rural quedaría aislada en el reclamo contra Basterra.
