Luego de la postergación de plazo para negociar, los bonistas esperan una propuesta "definitiva" del gobierno. Consideran que "no hay margen de error".
La renegociación de la deuda externa ingresa en una instancia decisiva. Tras la postergación hasta el 2 de junio del plazo para acordar con los bonistas, el gobierno deberá hacer lo que se considera en el mercado “su propuesta definitiva”. Pero ha trascendido que las conversaciones que se están llevando adelante en este proceso se han complicado a partir de lo que se consideran “discusiones políticas”.
El problema que señalan algunos analistas es que en esta instancia, el diálogo entre el gobierno y los acreedores debe ser fluido. Consideran que “no hay margen de error” ya que se supone que la oferta que finalmente presente el país debería ser una iniciativa con suficiente consenso como para que se disparen las cláusulas de acción colectiva. En todo caso, precisan, no puede repetirse el rechazo de la primera oferta del gobierno, cuando aceptaron menos del 20% de los acreedores.
Los interlocutores en esta etapa son clave. La lectura que se realiza en Wall Street es que, entre líneas y al pedir un diálogo directo, los acreedores sostienen que “ya no quieren hablar con Guzmán”. Desde el Palacio de Hacienda se desmiente esta especie, señalando que no es más que una estrategia de presión dentro de las negociaciones.
Fuentes cercanas a la negociación sostienen que al menos una buena parte de los representantes de los fondos no confían en el ministro Guzmán, al que consideran un “dogmático”. Recuerdan que en más de una oportunidad el diálogo estuvo interrumpido.
Los problemas para el ministro no se limitarían al frente externo, ya que también ha trascendido que dentro del equipo de gobierno también se han formulado críticas a su gestión. Por caso, le atribuyen una demora en la presentación de la oferta a los acreedores que, como se recordará se hizo en abril, es decir cuatro meses después de la asunción del gobierno, y por lo que se considera un manejo inadecuado en el diálogo con los acreedores.
El presidente Alberto Fernández, en varias oportunidades ratificó a Martín Guzmán como el único interlocutor para llevar adelante las negociaciones. También ha señalado que no quiere ir al default, aunque no está dispuesto a llegar a un acuerdo que impida la recuperación de la Argentina.
"Las negociaciones continúan por un sendero que consideramos positivo. Mi visión es que estamos experimentando un mayor entendimiento mutuo entre las dos partes", dijo a la agencia Reuters el ministro de Economía. No obstante, advirtió que “aún hay una importante distancia que cubrir, pero todas las partes están a la mesa para encontrar una solución. Para Argentina, es la esencia que el acuerdo esté alineado con la capacidad de pago del país”.
Sin embargo, un comunicado dado a conocer por uno de los principales grupos acreedores del país sostiene que “durante el último mes, Argentina prácticamente no ha tenido un compromiso sustancial con sus acreedores”. La declaración fue efectuada por Ad Hoc Bondholder Group, una agrupación que detenta unos 16.700 millones de dólares de la deuda argentina, integrado, entre otros, BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo.
“El Grupo acoge con satisfacción la expresión de Argentina de un intento de trabajar con los acreedores, pero las acciones hablan más que las palabras”, afirma, e insta a Argentina a mantener “discusiones directas e inmediatas entre las partes”.
Más allá de los forcejeos y los fuegos de artificio, la opinión predominante en el mercado es que se terminará llegando a un acuerdo que está en el interés de ambas partes.
En momentos en que la economía argentina sufre una profunda recesión –en el mejor de los casos el PBI caería 7% en el año-, un default empeoraría la situación. Y por el lado de los tenedores de la deuda, se trata de inversores, no de fondos buitres, es decir de un perfil de acreedores con tendencia más a asegurar rendimientos futuros que a ingresar en litigios.
Por Liliana Franco, publicado en Ámbito Financiero