Con el fin de sanear las cuentas públicas de las provincias y avanzar en la armonización tributaria, la Fundación Mediterránea propuso la automatización y reducción de transferencias discrecionales de Nación a las gobernaciones.
También se propone redistribuir potestades nacionales al nivel provincial y reemplazar Ingresos Brutos (IIBB) por una tasa adicional al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El organismo planteó que las provincias que más transferencias de Nación reciben por habitante son las menos densamente pobladas, con "sobrerrepresentación en el Congreso" y con mayor proporción de empleo público, por lo que sostuvo que "en muchas jurisdicciones las transferencias se usaron esos fondos para financiar la generación de empleo público".
Así, relevó que en el primer semestre Santa Cruz fue la provincia con un mayor volumen de transferencias discrecionales recibido por habitante, con un promedio mensual de $ 1399; seguida por La Pampa ($ 1013), Entre Ríos ($ 929) y Formosa ($ 882).
El Ieral propone una serie de cambios al régimen actual, entre las que destaca una redistribución de potestades tributarias entre Nación y provincias, minimizar la porción de giros discrecionales, mejorar los criterios de las transferencias automáticas y que Ingresos Brutos sea creación de una alícuota adicional al IVA.
Una de las iniciativas es que las provincias pasen a aplicar impuestos nacionales al tiempo que se reducen las transferencias fiscales, aunque rescató que no se debe asignar el cobro de impuestos que gravan factores de mayor movilidad.
En tanto, señalaron que las transferencias discrecionales deben ser minimizadas y automatizadas con criterios objetivos, como por ejemplo las que realiza la ANSeS a los sistemas provinciales de jubilaciones.
Por otro lado, enfatizó que los criterios de distribución de las transferencias automáticas deberían ser explícitos y seguir objetivos de nivelación fiscal. "Debería quedar claro qué provincias subsidian y cuáles son subsidiadas, y cómo estas últimas, al aplicar reglas y convenios, deben rendir en ciertos fines cuenta de ellos", sostuvo.
Y agregó: "Se podría evaluar el reemplazo de Ingresos Brutos (IIBB) por una alícuota adicional en las ventas a consumidor final en el IVA nacional, con administración tributaria de la AFIP, fijación de alícuotas adicionales por parte de cada provincia, que recibirían su recaudación correspondiente a esas transacciones, sin la posibilidad de que las provincias distorsionen con retenciones y percepciones excesivas, como ocurre ahora con IIBB."
Además, la Fundación Mediterránea planteó la necesidad de la creación de fondos anticíclicos y mayores incentivos para el crecimiento del sector privado. "Respecto al segundo requisito, debe advertirse que una economía privada pujante implica contar con un mercado laboral con preponderancia del empleo privado formal, y no del empleo público", afirmó.
En ese sentido, relevó la proporción de empleo estatal por provincias. En Santa Cruz, casi el 50% de la población económicamente activa (PEA) trabaja en el sector público (un 21% de la población total); seguida por La Rioja (38% de la PEA y 16% de la total), Río Negro (37% de la PEA y 14% del total), San Luis (35% de la PEA y 16% del total), entre otras.
"Las transferencias de coparticipación son de libre disponibilidad, y la realidad muestra que se han utilizado principalmente para generar empleo público", señala el Ieral, que agrega que estas provincias son las que tienen menor densidad de población y, por lo tanto, una sobrerrepresentación en el Senado en comparación con su cantidad de habitantes, con lo que pueden bloquear cualquier reforma legislativa que modifique este flujo de fondos", argumentó.
Por ejemplo, un relevamiento del informe arroja que, en 2019, en Formosa, La Rioja, San Luis, Jujuy y Santiago del Estero entre el 75% y el 90% de los ingresos provinieron de transferencias de Nación, ya sea automáticas o no.
"Esas jurisdicciones, a través de sus representantes, no tendrán demasiados incentivos para aprobar reformas que impliquen contener el gasto público ni bajar la presión tributaria, e inclusive tampoco tendrán demasiado interés en aprobar reformas que conduzcan a una mayor competitividad y a aumentar las exportaciones de Argentina", señaló.
Y concluyó: "Debe modificarse el sistema de financiamiento de las provincias, para que cuenten con mayor autonomía (y responsabilidad fiscal), y de modo que los regímenes de transferencias fiscales subsistentes no induzcan incentivos perversos, como aumentar el empleo público cuando no se justifica, sino que apunten principalmente al desarrollo productivo y de las exportaciones de cada región".
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