El gobierno nacional, por iniciativa del Presidente, Alberto Fernández, está más cerca de contar con una nueva agencia: el Consejo Económico y Social (CES). Cuando Alberto Fernández llamó al Comité de Crisis luego de las aglomeraciones de jubilados y jubiladas en los bancos, trazó una línea de partida para la conformación del CES. Allí participaron representantes de trabajadores y empresarios a la par de los expertos infectólogos que venían asistiendo al Poder Ejecutivo desde el comienzo de la lucha contra la covid-19.
En estos meses, se establecieron en el Ministerio de Vivienda, con la participación de la Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, y en el Banco Nación, donde funciona desde el mes de marzo el Consejo Consultivo Pymes. Por otra parte, desde siempre han habido representaciones sectoriales en organismos descentralizados, bancos oficiales o entes de control, como en el Senasa, el Conicet o el Consejo del Salario en la órbita del Ministerio de Trabajo.
Esta breve reseña nos informa que el Estado ha adquirido vasta experiencia interactuando con las expresiones de la ciudadanía.
Podría inferirse que en los espacios institucionales donde aquellas mesas se desenvolvieron con regularidad, las resoluciones tomadas estuvieron dotadas de legitimidad y de eficacia en una magnitud que no habrían tenido sin ese concurso.
Un caso brinda pistas sobre este asunto. En noviembre de 2018, Jorge Triaca (h), secretario de Trabajo en el gobierno de Mauricio Macri, otorgó personería gremial a la Asociación Gremial de Computación (Resolución Nº 239 de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo). A las tres semanas el ministro del área, Dante Sica, derogó la medida (Resolución Nº 210/2018, del día 20 de diciembre de 2018, adoptada por el Ministerio de Producción y Trabajo.) Debió pasar algo más de un año para que los tribunales ratificaran la personería gremial mal anulada (Con fecha 16 de marzo de 2020, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala II confirmó la sentencia de primera instancia que había revocado la Resolución Nº 210/2018 y sostenido la vigencia de la Resolución Nº 239, en el Expediente Nº 11156/2019 “AGC c/Ministerio de Producción y Trabajo dela Nación y otro s/Acción de Amparo”).
La computación comprende especialidades insoslayables en la pandemia. La enfermedad impuso una repentina expansión de las actividades a distancia de la mano de la informática. Por cierto, habrá que poner el foco en esa disciplina profesional mucho más allá de esta emergencia.
En toda prospectiva que intente caracterizar al mundo poscoronavirus, la centralidad del trabajo informático es un insumo esencial. Recordemos que el Presidente, previamente al inicio de esta grave situación señaló una certeza: los trabajos del futuro están incluidos en los puntos directrices de su gestión. En cambio, el gobierno anterior, luego de convalidar la agremiación de los informáticos, iniciativa que es un signo de modernidad, quince días hábiles después la despreció.
Cabe indagar si esa decisión habría sido adoptada estando vigente un CES. La respuesta inmediata sería negativa. Porque es impensable que los trabajadores informáticos no fueran convocados al diálogo. El ministro que no supo, no pudo o no quiso discernir entre presiones de lobby y requerimientos del colectivo cuyos intereses se estructuran sistémicamente quizás habría estado provisto de más recursos -y más obstáculos positivos- antes de decidir de manera incorrecta.
Si circunstancias ajenas al desempeño decente de un cargo acechan a la persona que lo ocupa, el contrapeso de una mesa de consenso facilitaría su detección y neutralización. Y, fundamentalmente, exigiría al agente público ampliar sus conocimientos y extender el alcance de sus ideas, llevándolo a pensar y obrar más como estadista y menos como gerente de una oficina específica. Esta condición del ejercicio de la función es obligatoria para quienes acompañan al Presidente, que sabe que la creación del CES supondrá una limitación a sus facultades administrativas, tal como dijo el 1º de marzo. Aunque también sabe Alberto Fernández que el CES promoverá -si los miembros que él designe en ese cuerpo dan la talla- un quehacer estatal mucho más rico y calificado.
En espejo, cada representante sindical, académico, confesional, de un movimiento social y, particularmente, del empresariado, que ocupe una silla en el CES deberá entrenar su visión de conjunto, alzando la mirada y superando el límite de su propio marco de referencia. Porque, en lugar de la tensión intrasectorial, que es lo que prima en la puja por el reparto entre fuerzas que se tratan recíprocamente como antagonistas, en la lógica virtuosa de un CES es el objetivo de concreción de la comunidad organizada, como estructura de convivencia progresista y no binaria, lo que marca los mínimos y los máximos posibles de los beneficios y los sacrificios de cada parte.
*David Selser: Ingeniero y abogado. Fue directivo de la CGE.
