En el marco del debate por la adhesión de la Provincia al RIGI, el ministro de Minería, Marcelo Murúa, analizó las consecuencias que traería para el sector minero en lo atinente a la contratación de proveedores y mano de obra local, ya que Catamarca cuenta con la legislación que exige a las mineras y sus contratistas contar con el 70 por ciento de empleo y proveedores catamarqueños.
En este sentido, el funcionario consideró que la ley nacional no colisiona con la normativa local y que Catamarca tiene herramientas para defender lo conseguido hasta el momento en la generación de fuentes de trabajo genuinas en la actividad minera.
“En términos de beneficios fiscales nacionales, la potestad de otorgarlos o no es del Gobierno nacional, y al estar la ley sancionada, eso ya está vigente. En esta materia, también hay artículos -el 164 y 193- que restringen acciones a las provincias, como el aumento de impuestos, generar condiciones menos favorables u obligar a la proveeduría local. Pero a su vez, en los requisitos para la adhesión establece que el vehículo único de proyectos debe contar con un plan de integración de empleo local y un programa de desarrollo de proveedores. Así que entiendo que la restricción es meramente económica y fiscal, en términos de dinero”, explicó.