La entrada en vigor del nuevo reglamento europeo contra la deforestación generó una ola de críticas en el sector agroexportador argentino. Representantes de acopiadores y productores ganaderos expresaron su indignación frente a las nuevas exigencias impuestas por el Parlamento de la Unión Europea, que afectarán directamente a las exportaciones de granos y carne de nuestro país.
En diálogo con este medio, el presidente de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara, explicó los alcances de la normativa: “Esta es una resolución, la 1115/2023, que dicta el Parlamento de la Unión Europea. Básicamente dice que los que han deforestado después del 31 de diciembre de 2020 no podrán vender su producción a Europa”.
Una intención con consecuencias negativas
Rivara reconoció que comparte el objetivo general de mitigar el cambio climático, pero fue contundente al criticar el enfoque elegido: “El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esto responde más a una presión electoral de ciertos sectores europeos que a una solución real. Los burócratas hacen una resolución y creen que con eso ya cumplieron”.
Uno de los aspectos más polémicos del reglamento es la exigencia de no mezclar productos de campos certificados con los que no lo están. “La Unión Europea pretende que el poroto de un campo certificado no se mezcle con el que proviene de un campo no certificado. No tiene sentido práctico ni técnico”, sostuvo Rivara.
Trazabilidad asegurada
Desde el sector, se defiende la solidez del sistema argentino de trazabilidad. “La carta de porte es una herramienta única en el mundo que garantiza el origen del producto. No necesitamos imponer trabas adicionales para demostrar la procedencia de la soja”, explicó.
Ante la presión del nuevo marco europeo, el agro argentino ya comenzó a adaptar sus procesos. Rivara detalló que “se ha desarrollado un sistema donde quien deforesta queda identificado desde el inicio, justamente a través de las cartas de porte”.
Impacto en la competitividad
El rechazo no solo apunta a lo técnico. Muchos actores del sector sostienen que esta medida podría afectar seriamente la competitividad argentina en los mercados internacionales. “Esto va a generar costos extra, incertidumbre y deja fuera del juego a pequeños productores que no pueden certificar cada hectárea”, advirtieron fuentes del sector.
Mientras Europa endurece sus requisitos ambientales, en Argentina crece el debate sobre cómo cumplir estándares internacionales sin perder terreno en el comercio exterior. El conflicto recién comienza, pero ya dejó en claro que las buenas intenciones pueden tener consecuencias inesperadas.