La eliminación del aporte obligatorio fue establecida por el Gobierno nacional a través del Decreto 149/2025, publicado en marzo, que estableció un plazo de 90 días para su implementación, que se cumplió a comienzos de este mes.
Según la nueva normativa, las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes obligatorios a entidades gremiales o cámaras empresariales sin la aceptación voluntaria de los empleadores. Así, los comercios quedan liberados del pago mensual de $4.725,02 por cada trabajador registrado, que sumaba una carga anual estimada en más de $70.000 millones para el sector.
Este aporte se cobraba incluso si el empleado nunca accedía a cursos o capacitaciones, lo que generó críticas por parte de cámaras empresariales, como la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que señaló que durante 17 años los comerciantes “pagaron por una mesa de la que no participaron” y denunciaron falta de transparencia en la administración de esos fondos.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el impacto positivo de la medida en sectores como comercio, metalúrgica, turismo, gastronomía, y otros, afirmando que “la libertad, y no el uso del poder coercitivo del Estado para sacarle recursos al prójimo, es un principio fundamental del liberalismo que nos propone el presidente Javier Milei”.
La medida representa un significativo alivio para los empleadores y el sector comercial, quienes ahora podrán decidir voluntariamente si realizan aportes para capacitación a través de los gremios correspondientes.