Pero evitó mencionar un punto clave: su propia administración no presentó las garantías judiciales necesarias en enero para continuar con la apelación del caso.
La jueza Loretta Preska ordenó esta semana que el Estado argentino pague con acciones de la petrolera, en el marco del millonario litigio con los fondos Burford Capital y Eaton Capital. En lugar de asumir alguna responsabilidad institucional, Milei respondió vía Twitter con una serie de insultos dirigidos a Kicillof —al que llamó “inútil soviético” y “pelotudo”— y se limitó a prometer que apelará el fallo “en todas las instancias”.
Sin embargo, expertos legales y fuentes del expediente señalaron que fue el actual Gobierno el que dejó caer la estrategia judicial: en enero de este año, el equipo legal del Estado no presentó el aval económico necesario para continuar con la apelación iniciada por el gobierno anterior. Esa omisión permitió a los fondos litigantes avanzar con el pedido de ejecución del fallo.
Otro dato relevante que Milei omitió es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había intervenido en favor de Argentina en esta causa. Además, se conoció que el actual defensor del Estado, Santiago Castro Videla, habría tenido vínculos previos con uno de los estudios que representó a Burford, una situación que genera inquietudes sobre posibles conflictos de interés.
El litigio se originó en 2007, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner permitió la entrada del Grupo Petersen en YPF sin aporte inicial, con la promesa de pagar con utilidades futuras. En 2012, Cristina Fernández reestatizó la empresa y cortó el pago de dividendos, lo que desencadenó el default de los Eskenazi y la posterior cesión de sus derechos a los fondos buitre.
El Presidente insiste en centrar su discurso en los errores del pasado, pero omite las decisiones propias de su gestión que llevaron a este escenario. Mientras tanto, Argentina queda al borde de perder el control de su principal petrolera en una causa que ya acumula más de 16 mil millones de dólares en perjuicio.