El caso involucra a fondos de inversión que reclamaron judicialmente al país por la supuesta manipulación de los índices de crecimiento económico, lo que habría limitado el pago de los rendimientos de bonos vinculados a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI).
Según un comunicado de la Procuración del Tesoro de la Nación, “el Tribunal reafirmó su decisión del 16 de julio, en la cual rechazó la apelación de los demandantes y confirmó la sentencia dictada en julio de 2024 por la jueza Loretta Preska”. En esa sentencia se determinó que los demandantes no cumplieron con la cláusula de ‘No Acción’ prevista en los contratos.
“La resolución constituye la confirmación de un reciente triunfo legal para la República Argentina, al impedir una potencial obligación de pago estimada en aproximadamente USD 500 millones. La Procuración del Tesoro, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, reafirma su compromiso de defender con firmeza los intereses de la Nación y los ciudadanos en todos los procesos judiciales”, señaló el comunicado.
Tras esta decisión, Aurelius Capital y otros fondos podrían presentar nuevamente el caso ante la Corte de la jueza Preska, corrigiendo el tecnicismo de la “Cláusula de No Acción” que inicialmente favoreció a Argentina, según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors.
“Las reconsideraciones son raramente otorgadas por los jueces, pero se espera que los fondos intenten avanzar con su reclamo”, explicó Maril.
Quién es el fondo que reclama
Aurelius Capital Management es uno de los holdouts (“fondos buitre”) que firmó un acuerdo con el Gobierno de Mauricio Macri en 2016 para la reestructuración de deuda en default. Posteriormente, en 2019, decidió iniciar una nueva demanda contra Argentina.
El fondo sostiene que la Argentina no calculó correctamente los pagos correspondientes a los tenedores de bonos vinculados al PBI debido a una supuesta manipulación del INDEC en 2013.
Según Aurelius, “cuando el INDEC cambió el año de los precios base, el PBI real para 2013 casi se duplicó en pesos constantes de 2004, mientras que el crecimiento anual se redujo a la mitad. La economía no se duplicó ni se contrajo repentinamente; simplemente cambió la forma de medirla”.
El fondo afirma que el país mantiene una deuda derivada de este error de cálculo del PBI de 2013, cuando el ministro de Economía era Áxel Kicillof, y que la modificación habría sido intencional para evitar pagos adicionales.
