La decisión surge a partir de un amparo presentado por Francisco Verbic, representante de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP), junto con los abogados Leonel Bazan y Diego R. Morales, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El decreto, enviado por el Ejecutivo al Congreso en marzo, autorizó el programa de “facilidades extendidas” con el FMI, con el objetivo de cancelar deudas con el Banco Central y reforzar las reservas. Sin embargo, la medida generó cuestionamientos de la oposición, juristas y del expresidente Mauricio Macri, quien advirtió sobre la debilidad institucional y el impacto en la confianza económica.
El fallo judicial consideró que el decreto viola la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 27.275), y señaló que el Ministerio intentó eludir la entrega de información al juzgado. Los jueces Maximiliano Chichizola y Martín Bava enfatizaron que “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible”.
Asimismo, la sentencia obliga al Ejecutivo a garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo, incluyendo archivos, anexos y cualquier actuación conexa al DNU 179/2025. También impuso al Ministerio el pago de $1.667.358 más IVA y aportes previsionales a los abogados que promovieron el amparo.
El CELS remarcó que la decisión reafirma la importancia del derecho al acceso a la información pública como herramienta de control democrático sobre decisiones estatales, especialmente cuando se trata de políticas económicas de alto impacto. Según los jueces, “la información de carácter público no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina, y cualquier integrante de la comunidad tiene derecho a solicitarla sin necesidad de justificar su pedido”.
Con esta medida, el tribunal establece un precedente sobre la transparencia y el acceso ciudadano a los acuerdos financieros de gran envergadura, subrayando que la democracia requiere máxima divulgación y acceso irrestricto a la información pública.