El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), tal como fue diseñado, profundiza un modelo extractivo y una entrega de los recursos naturales a corporaciones extranjeras sin beneficios claros para el desarrollo local. Esta es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por la Fundación Encuentro, titulado: “¿Qué pasó con el RIGI? Balance a un año de su sanción”.
El documento sostiene que los anuncios de inversiones realizados tanto por empresarios como por el ministro de Economía, Luis Caputo, llegaron a los 50.000 millones de dólares pero que, en realidad, no fueron más que promesas sobre el bidet. De ese total, se aprobaron solamente iniciativas por 8.573 millones de dólares; es decir el 17,1% de lo proyectado. Y en términos netos, la administración Milei consiguió, apenas, el 0,5% de las inversiones que prometió.
Pero eso no fue todo. El RIGI, aprobado en el contexto de la Ley Bases, trajo aparejado una serie de cambios normativos que incidieron en las condiciones de vida de las poblaciones que residen en los territorios donde están emplazados los principales proyectos mineros y de hidrocarburos incorporados al régimen de incentivo. Así lo definió otro documento impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a diferentes autores.Los cambios normativos señalados tuvieron que ver con el espionaje sobre las organizaciones sociales y una política de militarización de los territorios a través de la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, que ya tuvo intervenciones en Buenos Aires, Neuquén, Chubut, Santa Fe y Santa Cruz.
El RIGI es una falacia. El constructor de quimeras superavitarias, a la sazón también ministro de Economía, Luis Caputo, había dicho durante un evento realizado en Nueva York, en septiembre de 2024, que este régimen de incentivo fiscal ya acumulaba anuncios que excedían los 50.000 millones de dólares. A las promesas se las lleva el viento.
La Fundación Encuentro llevó adelante un análisis pormenorizado de cada una de las propuestas. Los resultados son contundentes:
De los 50.000 millones de dólares de Inversiones prometidos por el Gobierno, se aprobaron proyectos por 8.573 millones, es decir sólo el 17,1% de lo proyectado.
De los 7 proyectos aprobados, solamente uno (1) fue diseñado después de la aprobación del RIGI. Los otros 6 eran proyectos ya habían sido anunciados previo a la sanción de la Ley de Bases.
Si se toma en cuenta el único proyecto aprobado post sanción del RIGI (Parque Eólico Olavarría de PCR y Acindar), el Gobierno consiguió, en términos netos, sólo el 0,5% de las inversiones que prometió.
Apenas se aprobaron proyectos en 4 de los 8 sectores estratégicos definidos en el RIGI (Petróleo y Gas, Energía, Minería y Siderurgia).
No hay nada nuevo bajo el sol. La lluvia de inversiones, en realidad, fueron anuncios previos, inversiones comprometidas con anterioridad a la existencia del RIGI. Mientras las empresas gozan de un régimen de estabilidad fiscal por 30 años, el Estado no estaría recibiendo nada.
Un ejemplo de ello ocurre con el proyecto de Río Tinto. Según el análisis de la Fundación Encuentro, la minera anglo-australiana prometió desembolsar 2.700 millones de dólares; sin embargo, el originen de su proyecto es previo al RIGI.
“Rio Tinto adquirió el proyecto Rincón en 2021 por USD 825 millones, y consiguió las aprobaciones australianas en marzo de 2022. En relación explícita con dicha adquisición enmarcada en su estrategia de litio, Rio Tinto firmó en julio de 2022 un Memorándum de Entendimiento con Ford para cadenas de suministro de materiales de baterías. El proyecto Rincón siguió el cronograma originalmente planteado para desarrollar carbonato de litio de grado de batería”, indicaron desde la Fundación.
Río Tinto trabaja directamente para Ford, donde queda poco espacio para encadenamiento productivos locales. Detrás de Río Tinto también se encuentran otros grandes pulpos del mundo financiero. Los principales accionistas son BlackRock Investment Management (UK) Ltd (3,3%), The Vanguard Group (3,016%), BlackRock Fund Advisors (2,6%), SSgA Funds Management (1,045%) pero también la china Aluminum Corp. of China (14%). A nivel global, poseen un acuerdo de exclusividad con Tesla, propiedad de Elon Musk. En Argentina, también están interesados en la privatización del Belgrano Cargas.
Los beneficios fiscales del RIGI también llegarán para Posco (Corea del Sur); Ganfeng Lithium, Galán Lithium y Shandong Gold (China); Arcelor Mittal (India); Golar (Noruega); Shell y Harbour Energy (Reino Unido); Chevron (Estados Unidos); McEwen Copper y Barrick Gold (Canadá); y Glencore (Suiza).
En varios casos, estas firmas internacionales se asocian con compañías locales controladas por capitales extranjeros.
Fuente: El Destape