El Gobierno llegó al tramo decisivo de las sesiones extraordinarias con una estrategia marcada por avances y retrocesos. Mientras la reforma laboral desembarcó en el Senado con modificaciones sustanciales para asegurar su aprobación, la difusión del índice de inflación de enero —que rozó el 3%— volvió a encender las alertas sobre el frente económico.
“La ley que podemos sacar. El resto es batalla cultural”, sintetizó un ministro ante periodistas al cierre de una jornada atravesada por negociaciones intensas y señales contradictorias. El oficialismo priorizó garantizar la media sanción, aun a costa de ceder en puntos que hasta hace pocas semanas consideraba irrenunciables.
El proyecto de reforma laboral ingresó al recinto con modificaciones relevantes. La más significativa fue la eliminación del artículo que reducía el impuesto a las Ganancias para las sociedades, una concesión directa a los gobernadores aliados que habían condicionado su apoyo a este punto. La decisión alivió tensiones con las provincias y permitió reencauzar el diálogo político.
Otro eje sensible fue el de los aportes sindicales. Según trascendió, se acordó que sigan siendo obligatorios hasta 2028 y que, a partir de entonces, pasen a ser voluntarios. El mismo esquema se aplicaría a los aportes a las cámaras empresariales. De este modo, el debate de fondo sobre la “caja” sindical quedó postergado para la próxima administración.
La estrategia parlamentaria todavía genera dudas: el oficialismo evalúa si votar por capítulos o por artículos. En el Congreso reconocen que los cambios de último momento alteraron el escenario, pero también admiten que el mandato político es claro: aprobar la ley “pase lo que pase”.
Las negociaciones con la CGT se aceleraron a comienzos de la semana. Los principales dirigentes sindicales recibieron garantías sobre el mantenimiento de los aportes y, sobre todo, lograron preservar un punto central: el sistema de financiamiento de las obras sociales, que quedó fuera de la discusión legislativa.
En paralelo, los gobernadores jugaron un rol decisivo. Algunos dejaron en claro que el respaldo de sus senadores dependerá de ver el texto final “sin letra chica”. En ese contexto, también hubo advertencias políticas internas para evitar fugas de votos y asegurar disciplina en el recinto.
Mientras el oficialismo afinaba la letra chica de la reforma, el INDEC dio a conocer la inflación de enero: 2,9%. El dato cayó como un baldazo de agua fría en la Casa Rosada. El Presidente evitó pronunciarse públicamente y el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó el resultado a cuestiones vinculadas con la demanda de dinero.
Sin embargo, el índice confirmó una tendencia preocupante: los precios muestran una suba sostenida desde mediados de 2025. A esto se suma otro frente delicado, la caída de la recaudación impositiva, que en enero registró un descenso real del 7,4%, acumulando seis meses consecutivos en baja.
El dato inflacionario fue además el primero tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, en medio de tensiones por la autonomía del organismo. Fuentes oficiales admitieron que las diferencias entre mediciones eran mínimas, aunque anticiparon que los aumentos de tarifas podrían modificar el escenario en los próximos meses.
La semana también estuvo marcada por noticias judiciales y administrativas. El procesamiento del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad y la renuncia de un alto funcionario de Nucleoeléctrica Argentina tras una auditoría por presuntos sobreprecios sumaron ruido político a una agenda ya cargada.
A esto se agrega la creciente tensión con sectores empresarios. La relación con Techint atraviesa un momento delicado y el conflicto con la industria textil expone los efectos del cambio de reglas económicas: caída de la producción, cierre de plantas y despidos. Empresarios del sector admiten que la importación se volvió, en muchos casos, la única alternativa viable para sostener márgenes.
En el plano político, el peronismo bonaerense también mostró señales de reconfiguración. Axel Kicillof asumió la presidencia del PJ provincial, desplazando a Máximo Kirchner y profundizando una interna que, aunque contenida en la cúpula, promete conflictos en los distritos.
En la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Angelici continúa ampliando su influencia en las sombras, con movimientos que reordenan el mapa de poder porteño de cara al próximo ciclo electoral.
Con una reforma laboral recortada pero encaminada, una inflación que vuelve a preocupar y múltiples frentes abiertos, el Gobierno avanza en un zig-zag constante. La apuesta es clara: asegurar gobernabilidad en el corto plazo, aun cuando el costo sea resignar banderas y postergar debates estructurales.