El cuadro fue retratado recientemente por el diario El País de España, que describió un derrumbe sin precedentes en uno de los sectores históricamente más intensivos en empleo del país. “Para nosotros esta es la peor crisis que hemos vivido”, resume David Kim, gerente de la tejeduría Amesud, ubicada en San Martín, provincia de Buenos Aires. La planta cuenta con maquinaria alemana de última generación, hoy mayormente apagada por la imposibilidad de competir con productos importados, principalmente de Asia.
La historia de Amesud funciona como una radiografía del sector. Con capacidad para producir unas 700 toneladas mensuales de tela, actualmente apenas alcanza las 150. En los últimos dos años, coincidentes con el giro económico del actual Gobierno, la empresa redujo cerca del 40% de su personal y se prepara para aplicar suspensiones y jornadas laborales reducidas. “Este sector donde fabricábamos poliéster ya no existe por la importación”, explica Kim, mientras señala máquinas silenciosas cubiertas de polvo.
Un sector al límite
El caso no es aislado. Según datos oficiales citados en el informe, la industria manufacturera cayó un 8,2% interanual, y el rubro textil es el más golpeado de todo el entramado industrial. La utilización promedio de la capacidad instalada ronda apenas el 29%, el nivel más bajo del sector.
La crisis se explica por una combinación de factores: una apertura comercial abrupta, el crecimiento de las importaciones —que aumentaron un 71% en 2025—, la caída del consumo interno y un tipo de cambio que encarece la producción local frente a bienes extranjeros. A esto se suma la competencia de plataformas de comercio electrónico internacional, que dispararon las compras directas desde el exterior.
Priscila Makari, directora ejecutiva de la Fundación ProTejer, advierte que el mercado cambió radicalmente su composición. “Pasamos de un esquema con 50% de producción nacional y 50% importada a otro donde el 70% de la ropa que se consume en el país es del exterior, sin contar el boom de las compras online”, explicó. En ese contexto, muchas fábricas registraron caídas de ventas de hasta el 60% en apenas dos años.
Mientras empresarios y trabajadores describen un escenario de agonía, desde el Gobierno nacional la lectura es completamente distinta. El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender la apertura comercial y fue particularmente crítico con el sector textil. “Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Los que viajamos compramos afuera”, afirmó días atrás.
Para Caputo, los cierres de empresas y la pérdida de puestos de trabajo forman parte de un proceso “normal” de reacomodamiento económico. “Cierran y abren. El problema no es que alguien pierda el trabajo, sino que pueda encontrar otra cosa”, sostuvo, al tiempo que insistió en que el nuevo modelo generará inversiones y empleo en otros rubros.
El contraste entre ambas miradas es el núcleo del conflicto. Mientras el Ejecutivo plantea que la competencia internacional abarata precios y libera recursos para otros consumos, el sector textil advierte que la reconversión no es inmediata ni automática, especialmente en un país con escaso acceso al financiamiento y fuertes asimetrías estructurales.
“Si el Gobierno pretende que compitamos con Asia, al menos debería bajarnos los impuestos”, reclama Kim, quien también señala las diferencias en costos laborales, ambientales y logísticos con los países asiáticos.
El impacto de la crisis va más allá de los números macroeconómicos. La industria textil emplea a unas 540.000 personas en todo el país y, en provincias como Catamarca, La Rioja o Santiago del Estero, representa hasta el 40% del empleo industrial privado. Entre fines de 2023 y 2025 se perdieron al menos 18.000 puestos de trabajo formales y cerraron más de 500 pymes vinculadas a la cadena textil.
Consultores como Dante Sica describen el proceso como un “cambio de régimen”, con ganadores y perdedores, comparable a una inundación que, al retirarse, deja empresas en pie y otras destruidas. Sin embargo, incluso desde esa mirada advierten que la transición es particularmente costosa en la Argentina, por la falta de previsibilidad, crédito y políticas de acompañamiento.
En un escenario donde el Gobierno ya dejó en claro que no habrá rescates ni medidas de protección sectorial, la estrategia de muchas empresas textiles es resistir: reducir costos, achicarse, consumir ahorros y esperar que, cuando pase la tormenta, todavía quede un lugar para ellas en el nuevo mapa productivo argentino.