En el marco de su conferencia de prensa en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso de la Nación un paquete de reformas legislativas orientadas a “fortalecer la propiedad privada”, entre las que se destaca una modificación clave para el sector agropecuario: la Ley de Tierras.
Sancionada en 2011 durante el gobierno kirchnerista, la ley establecía un límite del 15% para la participación extranjera en tierras rurales y restringía a 1.000 hectáreas la propiedad extranjera en la zona agrícola núcleo. Posteriormente, el decreto 70 de 2023, firmado por Javier Milei, derogó la norma, aunque su aplicación quedó frenada por decisiones judiciales pendientes de resolución definitiva.
Según explicó Adorni, la reforma buscará levantar las restricciones de venta a extranjeros para promover la inversión en sectores como el agro, la minería y el petróleo, que requieren grandes extensiones de tierra. “Hoy, los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión, y esas inversiones son obras, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales”, sostuvo el funcionario.
El paquete legislativo también incluirá proyectos como una Ley de Desalojo, que permitirá evacuar inmuebles ocupados ilegalmente en plazos reducidos, una actualización de la Ley de Expropiaciones y un marco renovado para la Ley de Fuegos.
Repercusiones del sector
El anuncio del Gobierno recibió el respaldo de operadores del mercado inmobiliario rural. Juan José Madero, de L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios, aseguró: “Es auspicioso el anuncio sobre la modificación de la Ley de Tierras para incentivar la inversión extranjera en tierras rurales, tanto para producción agropecuaria como para explotación minera. Espero que elimine todo sesgo ideológico y se fundamente con visión productivista y bases racionales”.
Madero destacó que levantar las restricciones no implica abrir las puertas sin control, sino reconocer que políticas diseñadas para proteger la soberanía no deberían frenar el desarrollo de regiones con bajo nivel de inversión. “La Argentina tiene tierra, clima e historial agropecuario; lo que le falta, en ciertos segmentos, es capital de largo plazo”, resumió.
Otros expertos coincidieron en que la modificación de la ley permitirá un mercado más previsible y fluido, sin que ello implique pérdida de soberanía sobre los recursos. Alejandro L. de Elizalde, de Elizalde, Garrahan y Cía., aseguró que la eliminación de las restricciones “incrementará la liquidez del mercado y mejorará los precios”, y destacó que el debate real debería centrarse en la previsibilidad de las reglas más que en la nacionalidad del inversor.
Mariano Maurette, de Álzaga Unzué y Cía., sostuvo que la ley original se elaboró sin estudios previos ni consultas suficientes, y defendió la necesidad de avanzar hacia una normativa “inteligente, que resguarde la soberanía y evite abusos, pero sin generar restricciones innecesarias”.
El objetivo, según los especialistas, es fomentar inversión productiva, generar empleo formal, incorporar tecnología y desarrollar regiones con baja actividad económica, como la meseta patagónica, sin comprometer el control sobre los recursos del país.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca relanzar la mirada del mundo inversor hacia la Argentina, mientras el Congreso evalúa cómo adaptar la legislación a un mercado más abierto y competitivo.