La medida fue defendida por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien argumentó que se trataba de prestaciones con “baja demanda”.
Qué servicios fueron dados de baja
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 42/2026 publicada en el Boletín Oficial. Entre los servicios eliminados se encuentran análisis clave para la industria y la salud pública, como ensayos microbiológicos en alimentos (detección de bacterias como Salmonella o E. coli), controles de calidad de agua, calibración de instrumentos y pruebas de seguridad en materiales y transporte.
También se suspendieron servicios vinculados al control de combustibles, ensayos eléctricos y electrónicos, y certificaciones necesarias para que muchas empresas puedan exportar o garantizar estándares de calidad.
Desde el propio organismo advirtieron que estas capacidades no solo eran utilizadas en tareas técnicas, sino que resultaban fundamentales para el desarrollo productivo y la inserción en mercados internacionales.
Trabajadores del INTI denunciaron que la medida forma parte de un plan más amplio de ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei. Según sostienen, el objetivo sería “desmantelar” el instituto para justificar despidos masivos.
Actualmente, el organismo cuenta con unos 2300 empleados, pero los gremios advierten que la eliminación de estos servicios podría derivar en más de 700 cesantías. En ese contexto, ya se realizaron protestas en la sede de Villa Martelli y se anticipan nuevas medidas de fuerza.
Horas después de conocida la resolución, Sturzenegger salió a justificar la decisión. Afirmó que muchos de los servicios eran poco utilizados y que podían ser brindados por el sector privado.
“El contribuyente financiaba servicios que no tenían sentido que haga el Estado”, sostuvo el ministro, quien cuestionó que el INTI ofreciera prestaciones a precios bajos, generando —según su visión— una competencia desleal.
Incluso ejemplificó con controles en surtidores de combustibles, asegurando que implicaban altos costos operativos para tareas que calificó como simples y fácilmente reemplazables por privados.
El INTI ya venía atravesando un proceso de recortes desde 2024. En 2023 contaba con más de 3100 trabajadores, cifra que se redujo significativamente en el último año. Además, el Gobierno había intentado quitarle su autonomía para convertirlo en una dependencia de la Secretaría de Industria, aunque esa decisión fue frenada por la Justicia.
Mientras tanto, el conflicto sigue escalando. Trabajadores, científicos y representantes sindicales convocaron a una conferencia de prensa para los próximos días, en la que buscarán visibilizar el impacto de las medidas.
La eliminación de estos servicios abre un fuerte debate sobre el rol del Estado en el desarrollo productivo y científico del país. Mientras el Gobierno apuesta a reducir su intervención y delegar funciones al sector privado, desde distintos sectores advierten que estas decisiones pueden tener consecuencias profundas en la industria, el empleo y la calidad de los controles.