La exposición se realizó ante el plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde dirigentes empresarios de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires plantearon las principales problemáticas del sector: caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo, apertura de importaciones y reducción de la rentabilidad.
“El 95% de las pymes viven del mercado interno. Podemos tener las mejores leyes, pero sin consumo no hay transformación posible”, advirtió el presidente de la entidad, Ricardo Diab, quien remarcó la necesidad urgente de reactivar la demanda para sostener el entramado productivo y el empleo.
Entre los principales reclamos, CAME propuso avanzar hacia un nuevo consenso fiscal que ordene los impuestos provinciales —especialmente Ingresos Brutos— y las tasas municipales, con el objetivo de reducir la presión tributaria. Según señalaron, la superposición impositiva empuja a muchas empresas a la informalidad como única vía de subsistencia.
Otro de los ejes fue la capacitación como herramienta clave para achicar la brecha entre la informalidad y la formalidad. En ese sentido, solicitaron el acompañamiento del Congreso a las iniciativas de formación impulsadas por la Escuela de Negocios de CAME, orientadas a mejorar la empleabilidad y profesionalización del sector.
Además, la entidad puso el foco en la competencia desleal del comercio ilegal y el contrabando. Para ello, impulsó el tratamiento del proyecto de ley de Armonización del Comercio Fronterizo, que busca establecer un régimen diferencial para pymes en zonas limítrofes y así reducir asimetrías cambiarias.
En materia de inversiones, se planteó la necesidad de flexibilizar el acceso al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), proponiendo montos mínimos más bajos y plazos más amplios para ejecutar proyectos, con el objetivo de facilitar la participación de micro y pequeñas empresas.
Por último, uno de los puntos más críticos expuestos fue el acceso al financiamiento: actualmente, solo una de cada tres pymes logra acceder a crédito. Frente a este escenario, los representantes empresariales reclamaron la ampliación de líneas de financiamiento accesibles y adaptadas a la realidad del sector.
Durante el encuentro, legisladores nacionales manifestaron su intención de avanzar en la posibilidad de declarar la emergencia pyme a nivel nacional, una medida que podría habilitar herramientas extraordinarias para sostener la actividad.
El diagnóstico fue claro: sin consumo, sin financiamiento y con alta presión impositiva, el futuro de miles de pymes está en juego. Y con ellas, gran parte del empleo y la producción del país.
