El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la causa, avanza con distintas líneas de investigación y ya fijó una fecha clave: el próximo miércoles deberá declarar como testigo la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien certificó la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
La profesional se presentará en los tribunales de Comodoro Py, donde brindará detalles sobre la operación inmobiliaria que permitió al funcionario adquirir una propiedad de 199 metros cuadrados en la calle Miró al 500. Según trascendió, la compra se concretó en noviembre de 2025 mediante un crédito hipotecario de 200 mil dólares otorgado por las vendedoras, dos jubiladas.
Uno de los ejes centrales de la investigación es determinar el valor real del departamento. Para ello, la fiscalía trabaja en solicitar una tasación oficial que permita establecer si el monto declarado coincide con el precio de mercado.
En paralelo, también se analiza la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Documentación incorporada al expediente indica que la propiedad figura a nombre de un tercero, lo que abre interrogantes sobre la titularidad real del inmueble.
Además, algunos registros, como el pago de expensas, aparecen vinculados a Bettina Angeletti, esposa del funcionario, lo que suma complejidad a la causa.
La investigación también apunta a reconstruir el patrimonio total del jefe de Gabinete. En ese marco, se solicitaron informes a la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor para conocer la cantidad de vehículos a nombre de la pareja.
Asimismo, se revisan las declaraciones juradas presentadas por Adorni entre 2022 y 2025, incluyendo anexos reservados, con el objetivo de detectar posibles inconsistencias o bienes no declarados.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió un presunto incremento patrimonial desproporcionado. Según el planteo, existirían diferencias entre las declaraciones iniciales y las posteriores, incluyendo la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior.
Si bien algunas hipótesis contemplan posibles demoras administrativas en la registración de propiedades, la Justicia busca determinar con precisión cómo el funcionario y su entorno lograron concretar múltiples adquisiciones en un corto período sin desprenderse de bienes previos.
Con la declaración de la escribana y las nuevas medidas en marcha, la causa entra en una etapa clave que podría aportar definiciones sobre la situación patrimonial del jefe de Gabinete y su evolución en los últimos años.